Los fiscales piden un delegado anticorrupción en Pontevedra y A Coruña
Tres asociaciones defienden ante el Consejo Fiscal la creación de esta plaza ante la ausencia de resultados
La falta de resultados en la lucha contra la corrupción ha llevado a tres asociaciones de fiscales ha solicitar en la última reunión del Consejo Fiscal celebrada este miércoles, el nombramiento de un Fiscal Delegado Anticorrupciónpara A Coruña y Pontevedra, las dos provincia gallegas con mayor población.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales han apoyado esta iniciativa y consideran que “ambas provincias requieren de manera urgente la creación de esta especialidad” en cuanto de amplíe la plantilla del Ministerio Fiscal.
El fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia Álvaro García Ortiz (UPF), miembro del máximo órgano de representación de los fiscales, ha sido el encargado de defender la propuesta conjunta que obtuvo el respaldo unánime del Consejo Fiscal.
En un comunicado difundido este jueves, la APIF ha precisado que A Coruña es la décima provincia más poblada del país, con más de 1,1 millones de habitantes, siendo, a su vez, la quinta en población fuera de la capital. Además, cuenta con tres municipios que superan los 70.000 habitantes como son A Coruña, Santiago y Ferrol.
En cuanto a Pontevedra, los fiscales defienden la creación de esta plaza al situarse como la decimosexta provincia en el ámbito nacional, con casi un millón de habitantes, y con ciudades de mayor población como Vigo, o su capital que se acerca a los 300.000 habitantes..
La Asociación Progresista Independiente subraya que "no hay presos por causas de corrupción, ni provisionales ni sentenciados” porque “no hay cultura de recuperación de activos procedentes del delito, ni una relación destacable con la Policía Judicial, porque tienen un gran número de fiscales a los que dirigirse”. También reprochan que no haya protocolos claros de actuación y que se desconozca la existencia de causas abiertas por la Fiscalía Especial, más allá de las relativas a las prejubilaciones millonarias en las Cajas de Ahorros.
Los fiscales han insistido en que la Unión Europea cada vez reclama "un mayor esfuerzo" a los estados miembros en la lucha contra la corrupción. Así, en 2020, va a entrar en funcionamiento la Fiscalía Europea, lo que exigirá necesariamente una mayor coordinación para determinados asuntos que, no pueden quedar diseminados entre toda una plantilla.
En lo que no se han puesto de acuerdo todavía los fiscales es determinar cuál de las dos figuras será la más idónea y eficaz, si la del fiscal delegado o el fiscal autónomo. Esta última tiene menos apoyos porque en la práctica corre el riesgo de que quede en un puesto testimonial con menores competencias.
La primera opción es la que apoya la APIF que contempla la competencia exclusiva de asuntos de anticorrupción o, en todo caso, la asunción de especialidades conexas, como delincuencia económica urbanística y medioambiental, siempre con el visado del Fiscal Jefe Anticorrupción y contando con el acceso directo a las unidades centrales de Policía Judicial. La iniciativa ha contado con el apoyo Inspección Fiscal, ya que en su reciente acta de inspección de A Coruña, propuso también la creación de un delegado para esta provincia.
