Forn pide que el Estado aclare si activó al Ejército ante el 1-O

Si tan grave fue la amenaza del procés, por fuerza el Estado tuvo que activar todos sus recursos para frenarla. Ésa es la base argumental del escrito que el exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha enviado al Tribunal Supremo para que revoque el auto que puso fin a la instrucción y practique nuevas diligencias. Forn pide que instituciones clave del Estado -el Ejército, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (CITCO) o el Departamento de Seguridad Nacional- aclaren qué hicieron para evitar el referéndum independentista del 1 de octubre.

Forn, que era consejero de Interior el 1-O, permanece ingresado en prisión provisional. Estos días, él y el resto de líderes independentistas procesados están remitiendo a la Sala Segunda del Supremo escritos en los que solicitan la práctica de numerosas diligencias de investigación. En el caso de Forn, su defensa -que ejerce el penalista Javier Melero- considera que las que se han practicado hasta ahora resultan "insuficientes".

El juez Pablo Llarena sostiene en sus resoluciones que el procés implicó "actos de naturaleza insurreccional y atentatorio contra la integridad del Estado". Si esto fue así -es la idea que justamente combaten las defensas-, necesariamente el aparato del Estado tuvo que activarse. El exconsejero Forn quiere saber si el Ministerio de Defensa "adoptó medidas" de protección de infraestructuras críticas -puertos, aeropuertos- y se activó planes de contingencia de "unidades militares".

Directrices políticas

Al Departamento de Seguridad Nacional -un órgano que depende de la Presidencia del Gobierno- le solicita que explique si dio indicaciones ante "amenazas graves para la seguridad". Sobre el CITCO, Forn quiere que entregue las actas de la reunión celebrada el 19 de agosto de 2017 -cinco días después de los atentados de Barcelona y Cambrils- para saber si sus integrantes valoraron elevar el nivel de alarma antiterrorista a 5 "ante la situación política en Cataluña". Una maniobra de ese tipo habría permitido movilizar a las Fuerzas Armadas y "liberar efectivos policiales" para asuntos de seguridad ciudadana, recoge el escrito.

Entre las 13 diligencias que la defensa de Forn pide que se practiquen se incluye la "correspondencia cruzada" entre Forn y el ministerio y las comunicaciones de los sindicatos de Mossos con el Departamento de Interior para demostrar que, los días previos al 1-O, no hubo "directrices políticas".

Cargado de ironía, el escrito pide que se informe sobre el número de armas largas en poder de los distintos cuerpos de seguridad para conocer la "auténtica fuerza ofensiva" de los Mossos, que según la querella de la fiscalía tenían "capacidad intimidatoria real". El abogado también solicita que se enumere a las personas lesionadas el 1-O para "conocer la gravedad de la resistencia" planteada por "las masas supuestamente rebeldes".