Los separatistas consideran “inaplicable” la suspensión de los seis diputados ordenada por el Supremo

El independentismo ha realizado este miércoles un juego de equilibrios para acatar el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que acordó en julio suspender temporalmente de sus funciones a los seis diputados procesados por rebelión. Junts per Catalunya y ERC, que consideran que la suspensión es “inaplicable”, registraron un dictamen, que se votará en el Pleno y que aspiran que sirva para desbloquear el conflicto.

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El documento contiene dos puntos: primero la Cámara considerará si los seis diputados, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, están o no suspendidos. Los grupos secesionistas dan por hecho que el Parlament, gracias a su mayoría, votará que no, en contra de lo ordenado por el Supremo. Será entonces cuando se someterá a votación el segundo punto, que propone que los afectados cedan su voto a otro diputado elegido por ellos mientras dure su proceso. Las dos formaciones independentistas celebraron el contenido del acuerdo y subrayaron que los diputados mantienen sus derechos intactos y los preservan para el futuro.

El dictamen se debatirá este jueves en la Comisión del Estatuto del Diputado y el próximo martes, antes del inicio del debate de política general, en el Pleno del Parlament. Los portavoces independentistas insistieron en considerar que el auto de Llarena, tal y como está formulado, no se puede aplicar porque a su entender es solo la Cámara la que tiene potestad para tomar una decisión de ese calibre. La propuesta de la delegación de voto es similar a la que se planteó inicialmente en julio salvo que esta vez el Pleno aspira a escenificar que no asume el contenido del auto.

Sergi Sabrià, portavoz de ERC, subrayó que con esa solución los diputados mantienen sus derechos, también de cara al "futuro" y porque tampoco se ve afectado el “tesoro” de la mayoría parlamentaria secesionista (70 diputados de un total de 135). Marta Madrenas, de Junts per Catalunya, defendió que ninguna Cámara parlamentaria puede aplicar de forma automática una orden como la emitida por el Supremo. El juez había sugerido una fórmula al Parlament para que no viese alterado el resultado electoral: sustituir temporalmente a los suspendidos por otros miembros de su candidatura.

La actividad del Pleno del Parlament estaba paralizada desde julio por esta cuestión, básicamente porque Junts per Catalunya quiso que Puigdemont quedara excluido del acuerdo general, impulsado por el presidente de la Cámara, Roger Torrent, de que los diputados afectados delegaran su voto. Varios partidos de la oposición, entre ellos el PSC y los comunes, estaban de acuerdo con esa fórmula. La formación de Puigdemont argumentó que el expresident es el único que no estaba en prisión y que fue entonces cuando el juez retiró la euroorden. Junts per Catalunya no aclaró qué ha cambiado ahora para aceptar que sí delegue el voto. Fuentes del PSC apuntaron que la propuesta independentista es una escenificación para acabar acatando el auto del juez. El popular Santi Rodríguez mostró sus dudas de que la vía sea la adecuada porque considera que los diputados ya están suspendidos y avisó de que la Mesa está esquivando su responsabilidad trasladándola al Pleno.