Colau se apoya en un informe de la intervención para negar que vaya a recortar

El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene sobre la mesa el informe del interventor general (un funcionario del Estado) que solicitaron los partidos de la oposición el pasado mes de julio, cuando el PSC aseguró que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau tendrá que hacer recortes debido a la caída de la recaudación de algunos impuestos. El informe analiza las cuentas del consistorio con los datos de enero a junio de este año y, planteando dos escenarios distintos, apunta a un cierre en el que habrán aumentado tanto los ingresos como los gastos e incluso habrá superávit.

"El informe constata que la situación de solvencia del Ayuntamiento se mantiene. No avala ninguna de las sospechas [referidas a una situación financieramente complicada] y afirma además que habrá superávit", concluye el gerente de Economía del consistorio, Jordi Ayala. "No habrá ningún recorte sino que se ingresará y se gastará más".

El interventor calcula la situación financiera del consistorio a partir de dos escenarios. El primero, que las cifras del primer semestre se repiten en el segundo. Y el segundo, más realista según Ayala, teniendo en cuenta las cifras del primer semestre pero también el comportamiento de los ingresos y gastos en el tramo final de cada año. En ambos casos apunta a una subida de ingresos y de gastos, lo que permitiría cerrar con un superávit de 409 millones o de 18 millones.

Ayala destaca que en capítulos de la recaudación de impuestos como las plusvalías, se están recuperando y la previsión es cerrar con una cifra parecida a la de 2017. Las cifras que mostró el PSC en julio correspondían a un informe del área de economía que se hizo a finales de año pasado, cuando las consecuencias del referéndum del 1 de octubre paralizaron las compraventas inmobiliarias en Barcelona. El gerente destaca además que se provisionó un fondo de contingencia de 30 millones de euros por si se desplomaba la recaudación, pero que la previsión, a día de hoy, es una bajada de seis millones de euros respecto a 2017 (187 millones de euros contra 193), cuando se alcanzó el récord histórico. En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, la revisión catastral permitirá recaudar, asegura, un 19% más.

El informe también recuerda que el Ayuntamiento cuenta con un Plan Económico Financiero para gastar por encima del techo de gasto que fija la Ley Montoro (de Estabilidad Presupuestaria). Además constata un cumplimiento  del límite de endeudamiento y de pago de las facturas a 30 días.