El tribunal da 15 días para negociar las condenas del mayor juicio por corrupción en Euskadi

El tribunal que juzga el caso De Miguel, el mayor juicio por corrupción celebrado en Euskadi, ha suspendido 15 días el procedimiento para que durante este periodo la Fiscalía y los 26 imputados en una supuesta red de cobro de comisiones ilegales traten de alcanzar un acuerdo de conformidad que permita reducir las condenas solicitadas a cambio de que los acusados asuman su culpabilidad.

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava tenía fijada para hoy la toma de declaración de Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV alavés y principal imputado en la causa y para quien la Fiscalía ha pedido más de 54 años de cárcel como presunto responsable de la trama. Al inicio de la vista el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha pedido una suspensión temporal, en principio de 15 días para "seguir explorando una vía de posible acuerdo" que podría alcanzar con todos o parte de los acusados.

Los letrados de los 26 imputados, así como los del Gobierno Vasco y de la Diputación de Bizkaia -estas dos instituciones están personadas en la causa como actor civil la primera y como acusación la segunda- se han mostrado conformes con la solicitud del fiscal, que finalmente ha aceptado el tribunal tras unos quince minutos de deliberación.

Un hipotético pacto entre las partes permitiría reducir las condenas solicitadas por la Fiscalía a cambio de que los acusados reconozcan su culpabilidad. En todo caso, la vista se reanudará el 1 de octubre, con una sesión en la que se dará a conocer si la acusación y las defensas han llegado a un acuerdo. El periodo de suspensión del juicio podría prorrogarse, hasta un máximo de 30 días, si lo solicitan las partes y lo acepta finalmente el tribunal.

El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha explicado que la suspensión ha sido aceptada con el fin de "salvaguardar" el derecho a la defensa de los acusados y de "satisfacer" los intereses tanto de las defensas como de las acusaciones. Entre las defensas, el abogado del principal imputado ha reconocido que las "nuevas circunstancias" pueden ser de "calado" e "incidir en los intereses" de su defendido y por ello ha respaldado la petición de la Fiscalía, algo que han hecho después el resto de letrados, algunos de los cuales han pedido "celeridad" para poder reanudar a la mayor brevedad las sesiones y finalizar el juicio, que en principio estaba previsto que terminara el 28 de noviembre.

El caso De Miguel es el mayor sumario por una presunta corrupción instruido en el País Vasco. Además de De Miguel, también están imputados otros dos exmiembros del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, además de Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.

El macrojuicio por el mayor presunto caso de corrupción en el País Vasco, en el que hay 26 procesados, entre ellos exdirigentes del PNV, arrancó en enero de este año, ocho años y un mes después de la denuncia presentada en diciembre de 2009 por la abogada Ainhoa Alberdi tras negarse a pagar una comisión de 100.000 euros que De Miguel y Telleria supuestamente habían exigido a la empresa de la que era administradora. La investigación posterior llevó al Ministerio Público a concluir que De Miguel estaba al frente de una trama que presuntamente cobraba comisiones de forma irregular.

La Fiscalía pide penas que suman 440 años de cárcel para 26 procesados. Imputa a De Miguel un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Para Telleria y Otxandiano, exmiembros de la Ejecutiva del PNV de Álava, solicita 32 años y dos meses para cada uno. También están encausadas las mujeres de estos tres dirigentes nacionalistas y la hermana del principal acusado. La defensa de De Miguel solicita la absolución de su defendido y en su escrito censuró el "relato fabulado", "huérfano de prueba" e incluso "rocambolesco" que hizo la Fiscalía en su acusación.