La Fiscalía archiva la denuncia por la cesión del hangar aeronáutico de la Rey Juan Carlos

La Fiscalía de Móstoles no va a investigar el negocio que el actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos ideó con varios socios y que utiliza gratis un hangar aeronáutico del centro construido con dinero público en Fuenlabrada. La fiscal, Margarita Rossignoli, ha archivado las diligencias de investigación que abrió a raíz de una denuncia presentada por Podemos después de que EL PAÍS publicara una investigación que desvela diversas irregularidades.

En su escrito, la fiscal asegura que archiva el caso porque la denuncia se apoya "únicamente en informaciones periodísticas, sin que acompañen datos objetivos relativos a la participación de la persona denunciada". El escrito de Podemos, añade, "se ha limitado a resumir y copiar" las noticias publicadas.

El ahora rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, creó e impulsó junto a otros seis socios el negocio de los cursos de formación que ocupa un polémico hangar aeronáutico construido con dinero público en el campus de Fuenlabrada. Ramos y los seis empresarios crearon una compañía, EATC (European Airline Training Center 2015), exclusivamente para poder firmar después un convenio con la universidad y usar las instalaciones públicas para su negocio durante 25 años.

Abundante documentación obtenida por EL PAÍS, entre la que se cuentan centenares de correos electrónicos, convenios, pliegos de contratación, facturas, actas notariales y de reuniones, muestra que el rector maniobró para que una arquitecta de su confianza diseñara el hangar. Tres meses antes de licitarse el proyecto, Ramos y los socios ya trabajaban con ella en los planos. Una vez Ramos llegó al rectorado, la contrató como cargo de confianza con sueldo de alta dirección. Dejó su puesto el día en que se hizo pública la implicación de Ramos en la creación del negocio de EATC. 

Los socios, con el conocimiento de Ramos, también inflaron el valor de su aportación a la universidad, al valorar las aeronaves y los materiales en 1,5 millones en el convenio por el que el centro cedía gratis la instalación. Su precio real rondaba los 250.000 euros. El rector usó su influencia para que el hangar se construyera y se cediera a intereses privados sin pasar por concurso público. Ramos fue uno de los socios impulsores de la compañía, aunque finalmente no asumió su participación en la empresa, cediéndosela a un amigo "de su entera confianza", quien firmó después con la URJC el convenio. 

En el escrito de archivo, fechado el día 3 de agosto, la fiscal determina la "inexistencia del delito de prevaricación y tráfico de influencias, ni de cualquier otra infracción penal". También detalla la documentación que le ha remitido la propia universidad, en la que la asesoría jurídica de la URJC  "certifica e informa" que el convenio fue "supervisado favorablemente" por la Comisión para el Estudio y Coordinación de Convenios de Colaboración y que el Consejo de Gobierno de la URJC aprobó el 22 de diciembre de 2015 "por unanimidad" el convenio.

Añade que este convenio fue firmado por el anterior rector, Fernando Suárez Bilbao, y por representantes de la empresa EATC, y no por Ramos. Por último, se refiere también a un informe del letrado del Consejo de Estado que apoya "la legalidad formal y del contenido" y "la adecuación de la finalidad pretendida del convenio", quedando clara también "la justificación del empleo de la fórmula del convenio como mecanismo jurídico para la finalidad pretendida".

Podemos ha tildado este viernes de "preocupante" que la Fiscalía del Área de Móstoles haya archivado las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia y ha añadido que están recabando más información, que llevarán a la justicia. También recordó que casos recientes como el del máster de Cristina Cifuentes o el máster de Pablo Casado también partieron de informaciones periodísticas que la justicia investigó posteriormente. La Fiscalía no ha reclamado a EL PAÍS la documentación en base a la cual elaboró las informaciones.