Sargadelos achaca 49 despidos a la “amenaza” sindical para subir el sueldo a los últimos contratados

A la vuelta de los festivos y sin contemplaciones. Segismundo García, consejero delegado y accionista mayoritario de Sargadelos, mantuvo una reunión con la plantilla de la factoría de Cervo (Lugo), hoy por hoy la locomotora que tira de la empresa cerámica, y anunció lo inesperado: el despido de hasta 49 nuevos empleados, 12 ayer mismo, que precisamente él había decidido contratar tras sacar la firma de la agonía. El propietario justificó la decisión que ha tomado, madurada según él durante el puente, en la inviabilidad de alcanzar el equilibrio salarial de estos trabajadores con los veteranos que conservaron sus puestos tras la dramática crisis que atravesó la empresa.

El País ha tenido acceso al escrito que García redactó para los empleados y en el que atribuye la asamblea a presiones ejercidas por UGT y en concreto a la "amenaza" de una representante sindical con la que mantiene un largo pulso desde los años de quiebra de Sargadelos. "Según ella", dijo en la reunión el consejero delegado, "incumplimos varios derechos de los trabajadores en lo que se refiere, entre otras circunstancias, a su remuneración". Y a continuación el empresario reivindicó su papel como rescatador de la marca, con una "inyección de liquidez, con dos ampliaciones de capital por importe de dos millones de euros", defendió García, "que tuvimos que asumir alguno de los socios, ya que otros partícipes y ninguno de los empleados quisieron asistir". "Para la pervivencia de las empresas tenemos que hacer equilibrios", argumentó luego, "incluso con la injusta legalidad que nos ata".

"Ante el incremento de pedidos, pero con la imposibilidad de subir precios, nos pareció adecuado y conveniente contratar nuevo personal, pero con un salario inferior al del que era superviviente del concurso de acreedores en el que todavía estamos incursos, y cuyas deudas estamos pagando", siguió explicándose ante unos trabajadores estupefactos el dueño de Sargadelos. "Lo correcto y lo justo sería rebajar el salario de todos los empleados en tanto las empresas no superen el convenio de acreedores. Pero la ley no lo permite", espetó a la plantilla, que recibió el mensaje como un jarro de agua fría: "Según el legislador y los sindicatos es mejor cerrar las compañías".

"A nadie se engañó cuando le contratamos y hubo muchas más peticiones de empleo que plazas ofertadas", recordó justo antes de hacer el anuncio que ha conmocionado a la plantilla el día después del festivo de San Roque. A la representante sindical "la respalda la legislación laboral y UGT", admitió, "y a mí solo me ampara el sentido común y las ganas de sacar estas empresas adelante". Por eso, dijo, "he tomado la decisión de prescindir de los 49 nuevos empleados, con efectos inmediatos". "12 abandonarán hoy ya sus puestos. No queremos que nadie se sienta explotado”, retó García a los sindicatos.

Después de anunciar los despidos que presuntamente se llevarán a cabo de forma inminente, el consejero delegado cargó de lleno contra los representantes de los trabajadores, a los que con reiteración, desde que tomó las riendas de la resquebrajada empresa cerámica, achaca públicamente muchos de los males del negocio. "Confío en que los sindicatos y la justicia laboral no cejen en su empeño por cerrar el Grupo Sargadelos", criticó. "Solo este año hemos tenido que pagar más de un millón de euros por demandas sindicales derivadas de un ERE del año 2010, necesario para la pervivencia de la compañía". "Y sepan apreciar el arrepentimiento de un mal hombre como yo que se ha pasado prácticamente toda su vida explotando y maltratando a sus empleados, hasta que los sindicatos le hicieron comprender la realidad social", comentó mordaz.

El Supremo no aceptó un recurso de casación presentado por la empresa y ratificó recientemente que el ERE acometido por Sargadelos en 2010 fue nulo, al igual que varios despidos. El alto tribunal confirmaba así las sentencias previas del Tribunal Superior de Xustiza y del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo.

"En estos dos días festivos he revisado el Estatuto de los Trabajadores, las ordenanzas  y reglamentaciones laborales, la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Ley General de la Seguridad Social, las ordenanzas municipales sobre licencias de actividad, la Ley de Marcas, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley de Protección de Datos y la ley autonómica sobre residuos industriales", volvió a retar a los sindicatos en la asamblea el accionista mayoritario. "He detectado que Sargadelos incumple 262 normas o preceptos", aseguró, así que "deseo facilitar esos datos a UGT para que curse las correspondientes denuncias y, si es el caso, se proceda a la clausura de la compañía". "Como se exija el cumplimiento estricto de toda la legislación vigente", concluyó, "se cierran todas sociedades de nuestro país y la inmensa mayoría de las dependencias públicas".

En declaraciones a Europa Press, Pedro Blanco, abogado de UGT, se mostró "sorprendido" con este anuncio "fuera de lugar". La fábrica de Cervo está "funcionando bien", asegura el representante legal del sindicato, de ahí que la plantilla contratada tras el concurso de acreedores aspirase a una subida salarial y ahora se sienta indignada, sin poder asimilar la supuesta decisión, pulso o amenaza de la empresa.

Aunque Segismundo García defiende que la empresa todavía está inmersa en el proceso por el pago de las deudas, Sargadelos anunció en 2016 su salida del concurso de acreedores, en el que entró de forma voluntaria en 2014. La compañía mantiene abierta su otra fábrica histórica en el municipio coruñés de Sada. En principio, según lo anunciado ayer por el consejero delegado, a este complejo fundado por Isaac Díaz Pardo no le afectarán los despidos.

Preguntado por este diario sobre la intención real de llevar a cabo este anuncio cuando la empresa necesita a trabajadores ya formados para satisfacer la demanda actual, García ha admitido que la compañía "va bien económicamente y en ventas" y ha confirmado que su decisión "va en serio". Efectivamente, añade, también es un "pulso a los sindicatos y a los jueces de lo social y a la Inspección de Trabajo. Algo que ya deberían haber hecho otros empresarios ante la altanería, soberbia e impunidad con que actúan. Ante esta situación, yo me autodenuncio y no solo de pagar menos a esos nuevos contratados, sino de otras 262 faltas o anomalías".