¿Por qué ha suspendido el tribunal el reglamento que frenaba a Uber y Cabify?

En el auto que indignó a los taxistas el TSJC afirma que una ley estatal “no puede verse cortocircuitada” por otras normas como la propuesta por el Área Metropolitana

FOTO: Un taxista, durante la huelga en Barcelona. / VÍDEO: Declaraciones del portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez.Manu Fernandez (AP) / epvundefined

Los taxistas de Barcelona, que han pasado la noche en la Gran Vía con sus coches aparcados en plena calzada, aseguran que están impulsando “un nuevo 15-M”. Nunca antes había estado tan encendida su protesta y se habían sentido tan fuertes, y nunca antes habían puesto tan en jaque a la movilidad de la ciudad. Con su protesta quien puede salir más mal parado es el Ayuntamiento de Barcelona, según cómo gestione el hecho de que cientos de taxis bloquean una de las principales arterias de la ciudad. Paradoja: en los últimos tiempos, el Consistorio y la alcaldesa Ada Colau han sido los únicos aliados que ha tenido el sector del taxi en su lucha contra la llegada de plataformas como Uber y Cabify, que según los taxistas ejercen competencia desleal. Fue el Ayuntamiento el que impulsó un reglamento para limitar estas plataformas, una restricción que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió de forma cautelar porque entiende que invade competencias estatales. Además, el tribunal considera que no pueden dejarse sin validez unas licencias obtenidas de forma legal en un periodo de liberalización.

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Aunque perjudique al Ayuntamiento, la protesta de los taxis no va contra él, sino que se dirige contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Fomento. Ambas instituciones recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el reglamento que Colau, como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), había impulsado para añadir una limitación a la entrega de licencias de vehículo con conductor, las llamadas VTC, que usan plataformas como Uber y Cabify. El TSJC falló con una suspensión cautelar del reglamento, y aunque Fomento retiró el jueves pasado su petición de medidas cautelares, eso no impidió que este viernes el Tribunal mantuviese la suspensión, una vez escuchadas las partes.

El objetivo del reglamento de la AMB, la primera iniciativa en España para limitar las licencias VTC, era volver a la proporción que la Ley de Transporte estipula para la convivencia entre los taxis y los vehículos con conductor. La norma estatal establece como criterio de adjudicación que debe haber una licencia VTC por cada 30 de taxi. Pero el famoso 1/30 ya no se cumple casi en ninguna gran ciudad. Entre 2009 y 2015 la actividad se liberalizó y la creciente demanda de licencias VTC, impulsada por la aparición de aplicaciones como Uber y Cabify, bajó la proporción hasta la actual 1/10 que hay en Cataluña. Ahora hay más de 10.000 licencias de taxi y cerca de 1.200 de VTC en Barcelona. Otras 1.800 licencias VTC están llegando con cuentagotas, bloqueadas en los tribunales por haberse concedido en el periodo de liberalización. El reglamento de la AMB pretendía reducir -sin concretar con qué criterio- a 400 las licencias VTC con la entrega de una autorización metropolitana adicional.

En el auto que mantiene la suspensión, el TSJC recuerda que la derogación de una norma (la de la conocida com Ley Omnibus 25/2009, que liberalizaba el sector) con otra normativa (primero la Ley 9/2013 y después el Real Decreto 1057/2015, que restablecía la limitación a las VTC) no implica que las licencias otorgadas durante el periodo de liberalización sean inválidas. La normativa de la AMB “privaría de virtualidad a las autorizaciones VTC obtenidas durante el periodo en el que desaparecieron las restricciones tantas veces mencionadas; y, lo que es más grave, impediría que fuesen operativas las autorizaciones VTC concedidas en ejecución de sentencia, con lo cual quedaría seriamente comprometido el derecho fundamental de los solicitantes a la tutela judicial efectiva”, argumenta el tribunal, en referencia a las licencias VTC ganadas en los tribunales, que también quedarían afectadas por el reglamento de la AMB.

Las licencias VTC las concede el Gobierno central, que puede delegar las competencias a la comunidad autónoma. La alcaldesa Colau ha puesto presión sobre el Ministerio de Fomento y le ha pedido que, en el próximo Consejo de Ministros, modifique un párrafo de la ley por decreto e incluya a las autoridades metropolitanas como gestoras de las licencias VTC. El primer auto del TSJC que suspendía la norma de la AMB, sin embargo, recordaba que las autorizaciones VTC “son títulos habilitantes estatales (…) precisamente por su naturaleza y alcance no pueden verse cortocircuitados por otros títulos habilitantes indebidamente yuxtapuestos”. “El elenco de competencias de las que dispone legalmente el AMB en materia de transportes se halla muy lejos de poder justificar la aprobación de una norma como el RM-VTC [el reglamento]”, concluye el texto.

Los taxistas temen que su negocio se vea perjudicado. A mayor competencia, menos trozo del pastel les corresponde, aunque el taxi, como sector público regulado, debe seguir cumpliendo con sus obligaciones impositivas. Además, los taxistas lamentan que, con más competencia de las VTC, su licencia, por la que muchos se hipotecaron -su valor está entorno a los 200.000 euros-, puede bajar de precio y temen no poder contar con su venta para asegurarse una jubilación. Aún así, varios estudios afirman que el mejor activo financiero en España es una licencia de taxi de Barcelona, que no ha dejado de subir en los últimos años.

Sobre la firma

Josep Catà Figuls

Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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