La empresa decana de los ‘bicitaxi’ en Barcelona cierra tras 15 años
Los responsables de Trixi acusan al gobierno de Colau y al intrusismo de convertir el negocio en inviable
Trixi, la primera empresa de bicitaxis -bicicletas de más de dos ruedas que tienen como objetivo económico el transporte de pasajeros- que operó en las calles de Barcelona ha anunciado que a finales de este mes de julio "cerrará definitivamente" el negocio. Los responsables de Trixi aseguran que el gobierno de Ada Colau les ha penalizado marcando rutas e imponiendo multas y, por otro lado, denuncian que el sector se ha llenado de "furtivos" con malas praxis.
En marzo de 2003 Trixi obtuvo la autorización para realizar servicios de bicitaxi en las calles de Barcelona. La empresa exportaba un negocio que ya estaba arrasando en ciudades como Berlín, Copenhague y Viena. La empresa contó con el apoyo del Ayuntamiento de Joan Clos y durante los primeros meses seis vehículos transportaron a vecinos y, sobre todo, turistas por las calles de la capital catalana.
Han pasado 15 años y el negocio ha cambiado mucho desde entonces. La proliferación de estos vehículos ha hecho que el Consistorio tome cartas en el asunto. El pasado 3 de mayo el gobierno de Colau prohibió la circulación de bicitaxis por el distrito de Ciutat Vella. La orden de la alcaldesa solo permite, hasta el 31 de octubre, la circulación de estos artilugios por una serie de circuitos que no incluyen ni el barrio de la Barceloneta ni mucho menos una serie de calles del centro de la ciudad. El gobierno de BComú también dictó una ordenanza de circulación que obligaba a estos vehículos a ser conducidos a pedales solo ayudados por un motor eléctrico.
Un portavoz de Trixi, Roberto Pertíñez, admitía que el “intrusismo ha demonizado el sector”. Pertíñez resaltaba ayer: “El decreto, lejos de tener en cuenta a empresas ya establecidas, ha criminalizado la actividad de forma que los conductores solo por salir de la base, en la plaza Traginers del barrio Gótico, estaban expuestos a ser sancionados”. El portavoz asegura que el importe de las sanciones ha convertido el proyecto, 15 años después, en algo inviable. Pertíñez destaca que los “furtivos” están realizando servicios en vehículos sin la pertinente identificación obligada por el Consistorio, “sin seguro y circulando por donde no se puede”.
A final de mes los 22 conductores que últimamente trabajaban en la empresa realizarán un último viaje de los Trixi.
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