La justicia impide reducir en 19 millones el coste del metro ligero

El Metro Ligero Oeste (de Aravaca a Boadilla del Monte) seguirá costando a las arcas públicas este año 94 millones, sin que se produzca la rebaja de 19 millones anunciada por el Gobierno regional en noviembre pasado. La empresa concesionaria recurrió la decisión del Ejecutivo regional de reducir el canon que recibe por viajero (peaje a la sombra) ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). También solicitó la adopción de medidas cautelares que implicaban la suspensión de la decisión de la Comunidad de Madrid hasta que no se dirima el contencioso. Los jueces han aceptado la petición.

Las dos líneas de Metro Ligero Oeste (MLO), que unen Aravaca y Boadilla del Monte con transbordo en Ciudad Jardín, inauguradas en julio de 2007 nunca han logrado alcanzar la demanda de viajeros prevista, que solo llega al 30% del cálculo inicial. Los madrileños pagan un canon por viajero (un peaje a la sombra como en la autovía M-45) a la concesionaria que financió las obras de la infraestructura a cambio de su explotación.

Al no cumplirse las expectativas de viajeros en 2012 (de los 22 millones previstos se alcanzaron solo siete), la mercantil llegó a un acuerdo con la Comunidad y desde ese año percibe el canon, no por los usuarios reales sino por el 68% de la demanda que se estipuló en el contrato inicial. El año pasado, la Comunidad de Madrid pagó 94 millones de euros a MLO.

La concesión se extiende desde julio de 2006 hasta el mismo mes de 2036 y, a 31 de diciembre de 2017, la región había abonado 668 millones de euros por la infraestructura, según datos de la Comunidad. La inversión de la mercantil que construyó el metro fue de 513 millones iniciales más 80 millones que costaron los tranvías. En la actualidad son propietarios de la empresa el fondo de británico inversión Aberdeen Asset Management, la empresa OHL y Queenspoint (compuesta por la aseguradora Allianz Capital Partners y el fondo Bastion Infrastructure Group).

El año pasado, todavía con Cristina Cifuentes como presidenta, el Gobierno regional decidió acometer un reequilibrio económico financiero, bajando a la empresa el importe del canon establecido. La tarifa por viajero pasó así de 5,55 a 4,39 euros (un 20% menos), lo que implicaba un beneficio para las arcas públicas de 19 millones de euros anuales. El Ejecutivo argumentó para adoptar la medida que, de otra forma, se estaría ante un "enriquecimiento injusto del concesionario en contra del interés general" debido a que al ser la demanda real muy inferior a la ofertada se está economizando en diferentes costes.

Desde 2008 hasta la actualidad, la Comunidad ha dado su conformidad a varias disminuciones en frecuencias y horarios, lo que ha provocado que circulen menos trenes y una menor inversión en reposición y mantenimiento de equipos, además de en personal y en gastos generales. “Era evidente que este menor servicio había venido provocando ahorros a la concesionaria”, aseguró el subdirector general de Régimen Jurídico, José Ramón Irureta-Goyena Sánchez en la comisión de endeudamiento en la Asamblea de Madrid de 18 de junio.</CF>

MLO mostró su disconformidad e interpuso alegaciones además de solicitar la petición de prueba, lo que provocó la suspensión temporal del expediente de reequilibrio. Cancelación que se levantó en diciembre pasado. MLO no se rindió e interpuso un recurso ante el TSJM contra la rebaja impuesta por la Comunidad de Madrid, que se admitió a trámite. En la demanda se solicitaba parar la disminución del canon hasta que no se solucionara el recurso presentado. El TSJM ha resuelto a favor de la MLO, decretando la adopción de la medida cautelar.

Coste elevado

El diputado del PSOE, Daniel Viondi, considera el sistema empleado para financiar la construcción del medio de transporte “una condena para las cuentas públicas, donde solo gana el concesionario y perdemos todos los madrileños”. Recuerda que “no lo utiliza casi nadie y tiene unos costes elevadísimo para todos”. En cuanto al reequilibrio financiero iniciado por la Comunidad de Madrid, sostiene que es un “intento del Gobierno regional de lavarse la cara por este despilfarro, que ha encallado con la justicia a la primera”.

El problema estriba, en su opinión, en que ni Ángel Garrido (actual presidente de la Comunidad de Madrid) ni su antecesora esta legislatura, Cristina Cifuentes, se han atrevido a afrontar la realidad. La infraestructura, añade el parlamentario, está condenada a ser un pozo sin fondo si no se intenta cerrar. Entre las soluciones que se han planteado, Ciudadanos propuso en marzo del año pasado la sustitución de la plataforma actual por una línea de trolebuses (autobuses eléctricos con carga por cable aéreo) u omnibuses, que irían a mayor velocidad que el metro ligero.