Doce ciudades europeas se unen para plantar cara a los pisos turísticos

Doce ciudades europeas, entre ellas Barcelona y Madrid, se han unido para exigir a la Comisión Europea que aborde un marco regulatorio para “regular del alquiler privado de apartamentos”. La acción fue iniciada por Ámsterdam y cuenta, entre otras urbes, con el apoyo de Berlín, París o Viena. Tres de estas ciudades hacen público hoy un manifiesto en el que se comprometen a una “respuesta común” ante el “poder” que han adquirido plataformas como Airbnb. Estas ciudades denuncian, además, que la proliferación de los pisos turísticos está “disparando” los alquileres y vaciando sus centros históricos.

“El alma de nuestras ciudades acabará desapareciendo si aceptamos esta evolución que conllevará que los centros históricos queden vacíos, sin habitantes”. Así se expresan los responsables de París, Madrid y Barcelona en un manifiesto que harán público hoy. En él, piden a los gobiernos estatales que les proporcionen los mecanismos legales que requieren para poder intervenir en el mercado ante la transformación masiva de viviendas de uso residencial en apartamentos turísticos.

Las tres ciudades han acudido a la Comisión Europea, en una acción iniciada por Ámsterdam, para que intervenga ante los efectos de plataformas como Airbnb y, en especial, para que estén obligadas a compartir datos con los ayuntamientos. Además de las ciudades firmantes, a la capital holandesa la acompañan Bruselas, Lisboa, Viena, Cracovia o Berlín. En total, una docena.

París, Barcelona y Madrid han querido, además, plasmar sus demandas en el manifiesto. Este arranca recordando que cada una tiene una identidad, una historia y un desarrollo propio. Sin embargo, las tres comparten que hoy una de sus principales tareas consiste en hacer frente a “una nueva economía de depredación” generada en el centro de estas urbes. En concreto, se refieren a la transformación de “muchas viviendas en apartamentos de alquiler de corta duración para turistas de paso” a raíz de la irrupción de plataformas como Airbnb.

Las capitales dirigidas por Ada Colau, Manuela Carmena y Anne Hidalgo se muestran sobre todo preocupadas por las consecuencias “directas” de esos cambios. “Los barrios más buscados ven cómo su población se reduce y se modifica, a la vez que los tiempos se disparan”, señala el texto, que resalta el “atractivo turístico” de las urbes a la vez que advierte de que es necesaria una “intervención equilibrada” de las administraciones para controlar los efectos que está teniendo sobre los ciudadanos.

“Gran poder” de Airbnb

En el documento, las tres ciudades explican que se han visto empujadas a “trabajar en común”, de modo que han empezado a compartir experiencias para proteger los derechos de los inquilinos y controlar la inflación. Sin embargo, admiten que “el gran poder” que han alcanzado los nuevos operadores de apartamentos de corta duración como Airbnb requieren “mejorar la regulación”. Además, las ciudades que firman el manifiesto acusan a “algunas” de estas “plataformas en línea” de no dudar a la hora de “eludir la legislación local”.

Ante esta situación, las tres ciudades proponen que las grandes metrópolis den una “respuesta común” al auge de estas plataformas. Y para ello piden a los gobiernos estatales que les otorguen los “medios legales” que les permitan “actuar e incrementar el grado de regulación” sobre el mercado de la vivienda.

París, Barcelona y Madrid también reclaman a la Unión Europea, además, que se pronuncie sobre “la cuestión de la protección de la vivienda” y asuma el “reto” de que los estados miembros también deben converger en ese terreno al considerar que “la vivienda no es un bien de mercado como los otros”.