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Podemos pide más ayuda en dependencia para los municipios

En diciembre de 2017 los Ayuntamientos dejaron de recibir subvenciones para financiar el servicio de teleasistencia

Esther Sánchez
Centro de llamadas de teleasistencia Cruz Roja.
Centro de llamadas de teleasistencia Cruz Roja.Álvaro García

Podemos considera que el sistema de atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid es insostenible. Una situación, que la diputada Isabel Serra atribuye al Gobierno regional por los recortes aplicados a lo largo de los años. El último, en julio del 2017 cuando el Ejecutivo mandó dos cartas a los municipios en las que les comunicaba que dejarían de recibir las subvenciones para el servicio de teleasistencia (collar que permite efectuar una llamada de aviso en caso de accidente en las viviendas) y ayuda a domicilio a personas en situación de vulnerabilidad pero no dependientes.

Serra explica que esta decisión ha incrementado las listas de espera del conjunto de los servicios de dependencia, además de producir una sobrecarga en los municipios de personas que acuden en busca de la protección social que necesitan, sin que estos cuenten con los recursos necesarios. Según sus datos, las personas pendientes de recibir prestaciones con derecho reconocido en lista de espera ascendían a 32.433 a finales de diciembre de 2017.

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Podemos presenta hoy una proposición no de ley (no vinculante) con el objetivo de revertir la situación. Pide, en primer lugar, elaborar convenios con los municipios para aumentar la financiación. En segundo, avanzar hacia un sistema en el que los pueblos se hagan cargo de las personas con algún grado de dependencia, además de que la Comunidad se vuelva a hacer cargo de los servicios de teleasistencia, entre otros.

El PP votará en contra, porque considera que los convenios que se piden supondrían “ financiar en los Ayuntamientos algo que no corresponde a sus competencias”. En cuanto a que la Comunidad financie los servicios de teleasistencia y el de ayuda a domicilio de personas todavía no dependientes, explican que ya se existió una encomienda de gestión que no dio los resultados esperados.

Dependientes a la espera

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Fuenlabrada (194.000 habitantes), gobernado por el PSOE e IU-LV, es uno de los municipios afectados. Por una parte, se encuentran con 140 personas con dependencia reconocida desde octubre cuyo cuidado está asumiendo el municipio debido a que la Comunidad de Madrid no se hace cargo, sostiene un portavoz municipal. La situación les provoca un sobrecoste de 55.000 euros mensuales y les ha llevado atender solo las altas de ayuda a domicilio urgentes, sin dar a nadie de baja. Además, han reducido “de forma solidaria” entre dos y cuatro horas mensuales el tiempo que se dedica a las tareas domésticas (limpieza de la casa) de estos dependientes.

La Comunidad de Madrid mantuvo hasta el 31 de diciembre del año pasado la teleasistencia, por la que Fuenlabrada recibía unos 250.000 euros al año. El municipio se gasta en la actualidad dos millones de euros en ayuda a domicilio para personas que no son dependientes , pero tienen limitaciones. "Está destinado a personas en situación de especial vulnerabilidad desde un anciano a una mujer que se encuentre sola con varios hijos", describe el mismo portavoz. Se trata de un servicio municipal que jurídicamente la Comunidad de Madrid no está obligada a pagar.

Ganar Fuenlabrada presentó una moción en la que se pedía recuperar la ley de dependencia antes de que se produjeran los recortes. La edil de esa formación política, Isabel Déniz, explica que se ganó por unanimidad. "Ya sabíamos que el equipo de gobierno iban a dar su voto a favor, pero la sorpresa llegó cuando el propio PP y Ciudadanos también la apoyaron", explica Déniz. La concejal critica que en este momento haya cada vez más dificultades y que los municipios tengan que asumir problemas de dependencia como propios, sacando dinero de otras partidas internas.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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