Juicio a seis grupos de vendedores de droga después de 12 años de instrucción

La fiscal Carmen Díaz ya reconoce en su escrito de acusación las dilaciones indebidas en la causa entre julio de 2011 y octubre de 2014, lo que se traduce en un factor atenuante para los procesados y la consiguiente rebaja de sus condenas que van desde un año a cinco años y medio de prisión. “La instrucción ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo por causas imputables sólo la Administración de Justicia, ajenas a los acusados y en ningún caso necesarias para la instrucción de la causa, pese a su extraordinario volumen”, admite en su escrito de acusación.

Explica la representante del Ministerio Público que la instrucción fue el resultado de la acumulación de cinco grupos o actividades de tráfico de drogas diferentes entre sí y sin ninguna vinculación o relación entre ellas, por lo que, el enorme retraso no se puede justificar “en la complejidad de cada una de ellas, aisladamente consideradas y representativas de un nivel de tráfico de drogas a pequeña y mediana escala”, según recoge en su informe la fiscal del caso.

Los grupos desmantelados fueron clasificados en la instrucción según la zona que tenían asignada para la venta de sustancias como cocaína, heroína y hachís. Así se identificaron dos en la ciudad de Pontevedra, otros tantos en O Grove, uno en Ribadumia y Meis, y otro en O Porriño.

En el caso del agente procesado, la fiscalía solicita una condena de tres años y medio de cárcel por el delito de tráfico de drogas, multa e inhabilitación de año y medio como policía nacional. En el relato de los hechos, la acusación señala que el agente, que contaba con 31 años de servicio cuando fue detenido en 2007, alternaba su actividad profesional con la distribución de cocaína a pequeña escala en los clubes de alterne de Pontevedra.

A través de los pinchazos telefónicos acordados por el juzgado, el equipo antidroga de la Guardia Civil, Edoa, interceptó el supuesto encargo que realizó el agente a un traficante de hachís malagueño, también acusado, al que le propuso intercambiar esta droga a cambio de cocaína. También las intervenciones de su teléfono móvil constataron que el entonces policía “alertó a sus amigos y dueños de los clubes” de las redadas que iban a desarrollar sus compañeros de la comisaría a principios de marzo de 2007 para controlar a las empleadas de estos locales que estaban en situación irregular en España.