La Cámara de Cuentas revisa contratos a dedo del Ayuntamiento y la Comunidad

Este año, los auditores se han centrado en las compras de menor cuantía, que no precisan convocar licitaciones públicas y son, por lo tanto, menos transparentes y más abundantes de lo deseable. El organismo público ha decidido analizar ese tipo de adquisiciones públicas debido a los problemas detectados en ellas en años anteriores. El formato de los contratos menores, sin petición de ofertas ni licitaciones públicas debido a su pequeña cuantía, hace que sea más sencilla su manipulación. En ocasiones, como sucedió en el caso Gürtel, se utilizan para ocultar contratos de mayor importe que se fraccionan evitando así celebrar una licitación pública en la que puede competir cualquier empresa que cumpla las condiciones exigidas.

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha realizado un estudio sobre el impacto de los contratos menores en las adquisiciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el periodo comprendido entre 2015 y 2017. Héctor Meleiro, miembro de la formación política, ha realizado una inspección utilizando los datos del portal de contratación de la Comunidad con un total de 1,2 millones de adjudicaciones directas. Según esta información, los contratos menores subieron de 476.785 en 2016 a 611.522 el año pasado, con un 28% de incremento. La mayor parte, el 94%, se realizan en Sanidad. El estudio indica que estas compras supusieron el 3,6% del presupuesto de la Comunidad en 2016 aumentando hasta el 4,8% en 2017, “los dos únicos años para los que tenemos datos del año completo”, explica Meleiro.

El portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, aseguró el martes pasado que las operaciones que cierra la Comunidad mediante ese procedimiento se realizan “conforme a la normativa vigente” y, aunque no es obligatorio por ley, se solicitan tres ofertas. Un portavoz de la Consejería de Economía señala que la razón por la que casi la totalidad de ellos proceden de Sanidad, se debe a que es un sector donde se realizan contratos para adquirir medicamentos y material de uso hospitalario como parecetamol, gasas, vendas… que se requieren de forma casi inmediata.

La misma fuente explica que “el sistema informático asignaba una referencia de contrato menor a cada pedido de bienes y servicios que se tramitaba por el circuito logístico”. Algo que ha cambiado con la entrada en vigor de la nueva norma de contratos del sector público en marzo de este año. El importe medio de los contratos de Sanidad se encuentra en 1.500 euros, y los de cuantías muy bajas como 8, 10, 20 euros… La Comunidad destaca que todos sus contratos menores se encuentran fiscalizados y que desde enero de 2018 se han empezado a enviar al Registro de Contratación y a la Cámara de Cuentas.

Otro caso es el del Ayuntamiento de la capital. Aquí los contratos menores del gobierno formado por Podemos, Equo, IU y Ganemos han subido hasta niveles de 2011, con un gasto anual de 30 millones de euros en 2016 y 2017. El Consistorio argumenta que el repunte se debe a la mejor coyuntura económica, y que el gasto en adjudicaciones sin concurso solo representa el 0,5% del total del presupuesto municipal.

Aun así, partidos como el PP y Ciudadanos acusan a Ahora Madrid, coalición dirigida por la alcaldesa, Manuela Carmena, de usar la contratación discrecional para fines poco ortodoxos, como encargar estudios y procesos participativos, que deberían ser licitados por contratos abiertos. Señalan algunas adjudicaciones sin concurso a cooperativas para las que trabajaron asesores y una edil del ejecutivo y hablan de “trato de favor” y “red clientelar”. El PP llevará esos contratos a la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes municipales aseguran que la Cámara de Cuentas ha puesto su lupa sobre algunos de esos expedientes de 2016.

El Ayuntamiento remitió el pasado 7 de junio también la documentación requerida por el Tribunal de Cuentas “en el ejercicio de la fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes en 2016”, explica una portavoz del Consistorio. “Y a la Cámara de Cuentas [se remitieron] los contratos menos de 2017 en respuesta a la petición realizada a todas las entidades locales de la Comunidad”.