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1.300 menores están en lista de espera para recibir atención temprana en Madrid

La Comunidad reconoce que faltan plazas a pasar de que desde 2015 las han aumentado en 1.000

En la Comunidad de Madrid hay cientos de niños menores de seis años en lista de espera para recibir tratamiento temprano por retraso madurativo, parálisis cerebral, autismo, etcétera. La Consejería de Políticas Sociales cifraba ayer en 1.317 menores esperando tratamiento, aunque son los datos a 31 de diciembre de 2016. La Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (PATDI) afirma, sin embargo, que el número sube hasta los 1.800.

Centro de atención especial a menores Tándem, en Las Rozas.
Centro de atención especial a menores Tándem, en Las Rozas.

Mireya Verde vive en Usera, es teleoperadora —tiene un sueldo moderado—, un marido en paro que trabaja días sueltos de camarero y un hijo, Héctor, de cinco años con autismo y desórdenes alimenticios ("no come nada", dice). Desde octubre pasado no paga el alquiler y tampoco puede abonar el tratamiento privado que necesita el pequeño, que lleva tres años esperando una de las 3.340 plazas públicas para atención temprana que hay en la Comunidad de Madrid.

Durante un año, ayudada por sus padres y su hermana, pudo pagar los alrededor de 2.000 euros que cuesta el tratamiento que necesita su hijo. Se dio cuenta del retraso porque de bebé se mecía constantemente y cuando movía su mano al cantarle los cinco lobitos no la miraba. Pasado un año dejó de pagar este refuerzo porque no llegaban a fin de mes. Ahora las clases extraescolares de circo y de psicomotricidad que se imparten en el colegio del menor, el Puerto Rico, suplen esa función. “Espero que algo le ayuden”, dice Verde.

“A nosotros nos están dando datos de 1.800 menores en lista de espera, pero la política de la Comunidad con este asunto es de total opacidad”, dice Óscar Hernández, de PATDI, con una hija de dos años con retraso madurativo. Su familia lleva un año y medio en lista de espera y pagan de su bolsillo los alrededor de 400 euros que cuesta la atención privada que recibe la menor en el Centro de Atención Integral a la Infancia, Tándem, en La Rozas. Recibe clases de fisioterapia, de terapia ocupacional y de logopedia que la deben ayudar a potenciar su desarrollo para que pueda vivir con autonomía. Otro caso más, el de Celeste, una madre que este domingo bombardeaba a todos los comunicadores habidos y por haber escribiendo a sus cuentas de Twitter, rogando atención para el caso de su hijo, Simón, con 3 años y en lista de espera, y por cuyo tratamiento pagan 150 euros al mes.

“Cada día que se pierde en el tratamiento de un niño con retraso madurativo es una oportunidad perdida”, dice Hernández. “Primero la espera para que valoren al niño, que solo se puede hacer en el Centro de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI), luego a que le den plaza en uno de los 36 centros concertados de la región. Nosotros lo que queremos es que se reconozca que los menores tienen derecho a atención temprana para que no se permita que haya niños sin plaza”.

A principios de mayo, César García, de PATDI, habló en la sesión de la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid y tuvo que tragarse las lágrimas que se le habían quedado en la garganta con ayuda de un vaso de agua tras decir: “La atención temprana para un niño con una parálisis cerebral puede ser la diferencia entre andar o no andar. Para una niña con un retraso madurativo puede serlo hablar o no hablar”.

Este lunes, Jorge Jiménez de Cisneros, director general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad, respondió en la Asamblea a Carmen San José, diputada de Podemos, que le había pedido que valorase las listas de espera en este servicio. Jiménez no aportó datos de espera, pero informó de que desde 2015 se ha aumentado el servicio en 1.000 plazas. “Se ha pasado de 2.660 a 3.417”, afirma más tarde una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que se remite a la cifra de niños en espera que ya aportaron en 2017: 1.317 para finales de 2016. San José, por su lado, afirma que “no hay palabras para describir la desgracia de estas familias. Para quienes se lo pueden pagar, bien, pero las que no...”. San José dice que, de los alrededor de 7,5% de menores que pueden necesitar este servicio, a un tercio de ellos no se le puede limitar el tratamiento a los seis años. "Si necesitan más apoyo, pues tendrán que recibirlo", sostiene.

Verde y su familia tienen que abandonar el piso en el que viven de alquiler el próximo 1 de julio. Se puso de acuerdo con su casero y le ha permitido quedarse hasta que Héctor termine el curso. “Por lo menos con el colegio estamos contentos, porque por suerte es muy inclusivo”, dice Verde. “A ver si por lo menos le dan plaza los seis meses que quedan hasta que cumpla los seis años”.

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