Los trabajadores de metro harán huelga por la gestión del amianto los días 1, 4 y 8 de junio

Los trabajadores del metro de Madrid harán huelga los próximos días 1, 4 y 8 de junio en los tres turnos que funcionan en el suburbano. Así lo votaron ayer en asamblea. Además, el próximo día 15, segundo día de la Comisión de investigación de la gestión del amianto en la Asamblea de Madrid, han convocado una cuarta jornada de huelga para el turno de mañana, con la intención de que acudan el mayor número de empleados a la concentración que han convocado ese día a las puertas de la Asamblea. La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos de hasta el 69% en el servicio de trenes de Metro para el primer día de huelga.

El motivo de la huelga es que los trabajadores del suburbano están dolidos con la empresa por la gestión que ha hecho desde que tiene conocimiento de la existencia de amianto en el suburbano. "Desde 2003 sabían que había el mineral cancerígeno en los vagones y a los trabajadores no nos informaron hasta diciembre de 2017", dice Juan Carlos de la Cruz, de CC OO.

El sindicalista se queja de que no les facilitaron la información necesaria para que los trabajadores pudieran protegerse convenientemente. Además, también se duelen de que la prueba a la que sometieron al último trabajador al que le han reconocido la enfermedad, el pasado lunes, dio negativo en el test que le hizo la empresa. Más tarde, en el Hospital de La Paz, dio positivo a la presencia de fibras de amianto en los pulmones.

El pasado 25 de mayo murió de cáncer A.M.C, oficial de mantenimiento de ciclo corto del suburbano, que fue el segundo empleado de la compañía al que se le reconoció la enfermedad profesional. Al día siguiente, Metro reconocía la enfermedad a un cuarto trabajador. "Tuvimos que enterarnos a través de los medios", se duele de la Cruz. "Nos parece increíble que la empresa no tenga la dignidad de informarnos a los representantes de los trabajadores".

El representante sindical explica que también piden a Metro que haga reconocimientos médicos a los trabajadores despedidos en el ERE (que fueron 589), a los que trabajan en contratas y a los jubilados.