Bases para un pacto de Estado

Desde la radicalidad, el conflicto catalán, el principal de España, no tiene solución política. Sin embargo, esta convicción no responde al sentimiento mayoritario de los catalanes ni al del conjunto de los españoles, que contemplamos atónitos el fracaso más absoluto de la política, a la vez que reclamamos diálogo verdadero con contenido.

En palabras de Ortega y Gasset, los separatismos son el fracaso de España como proyecto. Con esta perspectiva, hay que construir el diálogo desde el reconocimiento y respeto a la diversidad y a la pluralidad y con el reto de garantizar una convivencia conjunta. Diversidad y pluralidad requieren tratar de forma diferente las distintas realidades, como indicó en su día el propio Tribunal Constitucional. No se trata de conceder privilegios a nadie ni de perpetuar el café para todos, sino de objetivar las circunstancias que exigen el reconocimiento de la diversidad.

Tres son los ámbitos sobre los cuales deberíamos propiciar el diálogo: el reconocimiento explícito de las realidades nacionales, la financiación autonómica y la implantación de un autogobierno estable y de calidad.

Si la Constitución se refiere a nacionalidades y regiones, lo lógico es que una ley ordinaria desarrolle tales conceptos, estableciendo los requisitos objetivos que debe cumplir un territorio para que pueda considerarse nacionalidad. Parece razonable vincular estos requisitos a la existencia de una lengua y cultura propias, un derecho civil propio y una tradición histórica de instituciones con voluntad de autogobierno. El corolario de dicha definición debería ser la asunción de competencias exclusivas por parte de la nacionalidad en dichas materias.

Lo mismo ocurre con la financiación autonómica. En un marco común y uniforme para todo el territorio español, las CCAA que cumplan determinados requisitos objetivos deberían poder diseñar su propio sistema fiscal. Requisitos como, por ejemplo, disponer de una renta per cápita superior a la media de España, una contribución a la solidaridad interterritorial superior a un determinado porcentaje del PIB, o el pleno ejercicio de todas las competencias autonómicas posibles, esto es, voluntad de autogobierno. Se trata de primar las comunidades que más riqueza aportan y que más solidarias son, lo que no exime de su obligación de contribuir a la solidaridad y a los gastos comunes del Estado.

En definitiva, proponemos desvincular el desarrollo autonómico de las aritméticas parlamentarias e intereses políticos del momento, lo que requiere, también, el cumplimiento de las sentencias del TC y el carpetazo a los conflictos competenciales latentes. Para asentar estos conceptos, posiblemente sea necesario redactar un nuevo Estatuto de Autonomía, sin necesidad de afrontar una reforma constitucional.

Junto a estas tres importantes cuestiones, deberíamos, además, afrontar la reforma del Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial, a imagen y semejanza del modelo alemán.

Pero con ello no basta. Es imprescindible, también, recuperar la convivencia social. Ello exige el reconocimiento público de los actos contrarios a derecho cometidos por una parte del independentismo y la omisión o ausencia de política por parte del gobierno de España, así como el compromiso a futuro del respeto escrupuloso a las reglas de juego del estado de derecho. En este sentido, es importante destacar que el sometimiento a la ley no exige la renuncia a la defensa de los objetivos e ideales políticos, siempre que se produzca en el marco constitucional.

En este contexto, creemos oportuno actualizar los tipos penales de rebelión y sedición ya que su redacción actual no se corresponde con la realidad que ahora se juzga y obliga a una reinterpretación judicial de conceptos. Además pone en entredicho el principio de certeza que el Derecho exige, como pone en evidencia el amplio debate jurídico que, en clave interna e internacional, se está produciendo y que el legislador no puede ignorar. En ningún caso, esta actualización podría aplicarse de forma retroactiva si su resultado fuese lesivo para los intereses de la defensa de los encausados.

Estas son las bases para un diálogo cuyo resultado debería concretarse en un Pacto de Estado que nos permitiera avanzar en la construcción de España y de Europa, sin renunciar al catalanismo pactista e integrador que propugnamos desde Units per Avançar. Un diálogo que se debe desarrollar en primera instancia y de forma profunda en el seno de Cataluña a partir de las distintas propuestas que estos días están viendo la luz y que aportan contenidos a las reiteradas apelaciones al diálogo.