La Comisión Jurídica de la Generalitat dice que no publicar el nombre de los consejeros contraviene la ley
Presidencia pedirá al Tribunal Superior medidas cautelarísimas contra el bloqueo de los nombramientos
La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, equivalente en Cataluña al Consejo de Estado, ha concluido que el Gobierno central incurrirá en un incumplimiento de la ley y "contravendrá el ordenamiento jurídico" si no publica en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el nombramiento de los consejeros designados por el presidente catalán Quim Torra. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que controla el boletín gubernamental, ha decidido no publicarlo porque se opone a que los políticos presos (Josep Rull y Jordi Turull) y huidos (Lluís Puig y Toni Comín) puedan ejercer el cargo al alegar razones "de sentido común".
El departamento de Presidencia de la Generalitat ha anunciado que Torra remitirá a Rajoy en las próximas horas una carta, adjuntándole el informe, en la que le instará a que autorice la publicación en el DOGC. El president también pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que adopte medidas "cautelarísimas con carácter inmediato" para proteger los derechos de los políticos propuestos para ser consejeros. En un comunicado, Presidencia avisa también de que si Rajoy persiste en su actitud "inaceptable" no descarta llevarlo a los tribunales y presentar una querella criminal.
La justicia desestima el recurso de Ciudadanos
La Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado la petición de medidas cautelarísimas presentadas por el grupo parlamentario de Ciudadanos contra el acto de la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Ciudadanos reclamaba que el acto fuera considerado nulo porque el president no se comprometió a acatar la Constitución ni el Estatuto. Con anterioridad, el Tribunal Superior ya había desestimado una petición por la vía penal contra Carles Puigdemont, que tampoco se comprometió a acatar el ordenamiento jurídico actual y solo lo hizo con fidelidad al Parlament. Los lehendakaris utilizan una fórmula similar pero Ciudadanos considera que no es equiparable porque no han desplegado un proceso independentista como en Cataluña e impulsado una nueva legalidad.
El informe, de una treintena de páginas, que no es vinculante, recuerda que el presidente de la Generalitat, de acuerdo con la normativa estatutaria, tiene discrecionalidad para publicar los nombramientos sin necesidad de autorización y control previo. En virtud de la aplicación del artículo 155, el Gobierno central controla el DOGC pero el dictamen concluye que se trata solo de un "control meramente formal" y constituye un acto "reglado y debido". "En el caso de que no se otorgue o se deniegue expresamente, el órgano que debe autorizar la publicación del Decreto incurre en un incumplimiento de la ley contraviniendo el ordenamiento jurídico".
El texto invita a Torra a que en el caso de que no se publiquen los nombres puede recurrir a un contencioso-administrativo o presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. "Las personas nombradas no tienen limitados el ejercicio de sus derechos políticos y no concurre ninguna circunstancia legal que impida su toma de posesión", apunta el texto que señala que no existe ninguna norma que indique que deba ser simultánea y en el mismo lugar. "Solo hace falta que conste de una manera fehaciente su voluntad de aceptar el cargo y las obligaciones que comporta".
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