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Camps intenta convertir su acusación de la Fórmula 1 en una causa política

La juez imputa a dos abogados de Broseta y a ocho responsables de una empresa pública

Camps llega a declarar este viernes a los Juzgados de Valencia.

Francisco Camps ha negado este viernes las pruebas que la Fiscalía Anticorrupción y la policía han reunido contra él en cuatro años de investigación en torno al supuesto fraude en la Fórmula 1 de Valencia y se ha presentado ante la juez que instruye el caso como víctima de un complot y de una "causa política".

Detrás de la conjura, el exdirigente del PP ha señalado a los mismos contra quienes cargaba cuando hace siete años todavía era presidente de la Generalitat valenciana: el PSPV-PSOE, Compromís, los catalanistas y el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La juez instructora, Beatriz Sobremonte, ha citado como imputados a otros 10 personas, entre ellas exdirectivos de la empresa pública Circuit del Motor y dos miembros del despacho Broseta Abogados. Se trata del exdirector del Circuito, Julio José García Gimeno; el expresidente de la sociedad y ex secretario autonómico de Hacienda, José Miguel Escrig; la directora de gestión, Blanca Tomás; el director técnico, Miguel Martí, y trabajadores del departamento jurídico y de compras.

Los dos abogados imputados son Miguel Navarro Máñez y José Llixiona Gómez-Ygual.

Camps ha rechazado las conclusiones de los últimos informes policiales entregados a la magistrada así como el contenido de las declaraciones prestadas, hasta esta misma semana, por testigos y otros implicados en el caso.

El expresidente, según fuentes conocedoras de su declaración, ha negado, por ejemplo, que desde la primera edición del Gran Premio urbano de Fórmula 1, en 2008, resultase evidente que las carreras eran deficitarias —algo que nunca admitió en su etapa al frente de la Generalitat—. Camps ha dicho que sus vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps nunca se lo advirtieron. Las pérdidas que desde el principio generaban las carreras fueron admitidas este jueves por el expiloto de motociclismo y empresario Jorge Martínez Aspar, responsable de Valmor Sports, la empresa que sobre el papel organizaba la prueba.

El exjefe del Ejecutivo valenciano también ha mantenido que nunca ha visto un contrato, ni un aval y que no los negoció con el entonces patrón de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone. Se trata de lo contrario que declaró el martes ante la juez Belén Reyero, que fue asesora de Presidencia de la Generalitat para la F-1.

Los diversos encuentros, incluido un viaje de última hora a Londres para reunirse con el magnate del automovilismo en Londres, no tenían como objetivo tratar aspectos determinantes de las carreras que se disputaban en Valencia, sino que eran meramente "protocolarios", ha dicho Camps.

Ecclestone condicionó públicamente la celebración del Gran Premio en Valencia a que Camps ganase las elecciones autonómicas de 2007. La Fiscalía sostiene que el expresidente negoció con el empresario británico la prueba, garantizó el apoyo económico de la Generalitat y después buscó una sociedad privada para interponerla y evitar aplicar las reglas de contratación pública. Y que esa empresa fue Valmor Sports. Aspar dio argumentos el jueves a esta tesis al asegurar ante la juez que cuando a él le llamó José Luis Olivas, entonces presidente de Bancaja, para proponerle crear Valmor Sports y convertirse en su cabeza visible, las condiciones del Gran Premio ya estaban cerradas.

De cero a 300 millones

Camps ha negado este viernes haber promovido o tenido conocimiento de la marcha de Valmor Sports que, ha señalado, era una empresa privada, y ha apuntado a Olivas como referente de la misma. En 2012, con Camps ya dimitido, la Generalitat adquirió Valmor por un euro asumiendo con ello deudas de 30 millones. El coste de la F-1 para la Administración autonómica, que el expresidente había dicho que no costarían un euro a los valencianos, alcanzó en aquel momento los 300 millones.

El expresidente ha negado también haber tenido trato directo con Belén Reyero, la mujer que según la policía, la Fiscalía y el propio Ecclestone fue su mano derecha en todo lo relativo a la Fórmula 1.

En varias respuestas a las preguntas que le han formulado las partes, y también en declaraciones a la prensa antes de entrar a declarar, Camps ha insistido en que el procedimiento judicial contra él nació del deseo de perjudicar a Valencia y de mantener a Cataluña como única comunidad autónoma con un Gran Premio de Fórmula 1.

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