La policía concluye que Camps lideró el gran fraude de la Fórmula 1

La policía concluye en un informe que ha permanecido hasta este viernes bajo secreto de sumario que el expresidente Francisco Camps lideró el gran fraude que presuntamente rodeó la organización del Gran Premio de Fórmula en Valencia. Los investigadores detectan presuntos amaños en varios contratos públicos. Camps, imputado por malversación de caudales públicos y prevaricación, ha reivindicado su inocencia desde que en 2014 se inició el procedimiento judicial, y ha pedido sin éxito en los últimos meses que la causa se archivara.

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Camps negoció y renegoció las condiciones con el entonces patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, con quien se reunió al menos ocho veces. Y decidió que fuera su Gobierno quien financiara el proyecto deportivo, que acabó siendo ruinoso para la Comunidad Valenciana. La ejecución del plan implicó, además, “la interposición de un promotor privado”, la empresa Valmor Sports, que regentaba el antiguo campeón de motociclismo Jorge Martínez Aspar, con quien Camps mantenía “una relación personal de amistad”, según afirma la policía citando la declaración un testigo del procedimiento.

“La Generalitat valenciana, con el presidente del consejo de Gobierno a la cabeza, Francisco Camps, lideró el proceso de negociación” y “esta posición preeminente se mantuvo durante toda la vida del proyecto”, resalta el informe policial.

Correos intervenidos por la UDEF que hasta ahora habían permanecido secretos revelan que el expresidente renegoció supuestamente las condiciones del acuerdo entre Ecclestone y Valmor Sports. El objetivo era “reajustar las condiciones de los contratos iniciales de promoción y de gestión comercial, en el sentido de dotar al promotor (Valmor) de una mayor capacidad de generación de recursos económicos”. Esto es, que la empresa de Aspar ganara más.

En concreto, los cambios acordados en 2008 tras una reunión de Camps y Ecclestone en Londres debían proporcionar cinco millones más de euros a Valmor, destaca el informe policial. La cantidad figura en un correo electrónico intervenido a Belén Reyero, que era asesora en el gabinete del presidente de la Generalitat, gozaba de competencias “transversales” y actuó como mano derecha de Camps en el negocio.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Camps se valió de Valmor para sortear las normas que rigen la contratación de la Administración, a pesar de que en realidad era la Generalitat la que corría con los gastos de organización y negociación. La empresa Aspar, Valmor, resalta la policía, no era capaz de llevar adelante el proyecto “ni de desde el punto de vista organizativo, ni de ejecución material, ni financiero”.

El Gran Premio de Fórmula 1 fue una promesa electoral de Camps en 2007. El dirigente del PP afirmó entonces que no costaría un euro a las arcas públicas, pero la factura para la Generalitat se elevó a más de 200 millones. Las carreras por el circuito urbano de Valencia se celebraron de 2008 a 2011, cuando el sucesor de Camps, Alberto Fabra, rescindió el contrato por el coste que implicaba anualmente para la Administración autonómica, después de rescatar a Valmor con fondos públicos.

Contratos amañados

Esta última operación, que consistió en la compra de la empresa de Aspar por la Generalitat a cambio de un euro asumiendo sus deudas que arrastraba y condonándole lo que debía a la Administración autonómica, implicó “unas pérdidas de, al menos, 23,8 millones de euros” para el Gobierno autonómico, estima la UDEF.

La policía detecta presuntos amaños en la adjudicación de diversos contratos de la Fórmula 1 adjudicados por la Generalitat. Se trata de los contratos de suministro de sistemas de acceso; megafonía; equipos de emisión; producción de eventos, y catering. En ellos, se generaron “documentos para construir el expediente administrativo con posterioridad a su adjudicación”. O existió otro tipo de “concertación entre el adjudicatario y el órgano adjudicador —el Gobierno valenciano— para dar apariencia ante el exterior del cumplimiento de la normativa de contratación pública”. Cuando, en realidad, afirma la policía se habían infringido “los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia en la gestión de fondos públicos”.