Patriotismo del bueno

El poder no cuenta con un muestrario muy amplio de colores. El hecho de ostentarlo imprime una suerte de carácter sacramental, que se resume en el recurso a la autodefensa a ultranza y al rodillo parlamentario para negarle el pan y la sal a la oposición. Hasta que el pujolismo perdió sus mayorías absolutas, no se crearon comisiones de investigación, algo que recuerda extraordinariamente la postura mantenida por el PP hasta esta legislatura. Esta actitud mimética alcanza a la vida social y a la solidaridad grupal entre quienes ejercieron el poder. El reciente y entrañable homenaje de unas 300 personas al defraudador confeso Jordi Pujol retrotrae a mediados de los noventa, cuando el socialista José Barrionuevo, que fuera ministro de Interior, era objeto de cenas de reconocimiento, tributadas por sus compañeros de partido, cuando esperaba ser juzgado por su relación con el terrorismo de Estado.

Cuando ETA golpeaba sin piedad, era de mal demócrata criticar la existencia de torturas, malos tratos o terrorismo de Estado. Quienes levantaban la voz contra tales vulneraciones hacían el juego a los etarras. Había que cerrar filas con el Estado y parece que esa sigue siendo la prioridad. El año pasado, la Operación Cataluña —que salpicó a un ministro, a un responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña y a diversos mandos policiales—, constituyó un buen ejemplo del uso torticero de recursos públicos para destruir al independentismo catalán por medios no ajustados a derecho.

En el terreno parlamentario y más recientemente, no se exigieron responsabilidades, reprobaciones o por lo menos comparecencias a quienes ordenaron las cargas policiales contra los ciudadanos que votaron en la consulta del 1 de octubre en Cataluña, tal como decidieron las tres grandes fuerzas mayoritarias (PP, Ciudadanos y PSOE) en el Congreso. A ello hay que añadir, según Amnistía Internacional, la “obstrucción, falta de colaboración o desinterés” con los tribunales por parte de la Fiscalía y del Ministerio de Interior para investigar los “abusos” de las fuerzas de orden público el 1-O.

En el extremo catalán del tablero, Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP vetaron a principios de mayo la creación de una comisión de investigación sobre espionaje a opositores y sospechosos habituales por parte de los Mossos d’Esquadra con el argumento de que ello alimentaría la guerra sucia contra la policía catalana. Toda la oposición, desde el PP hasta Catalunya en Comú, pasando por Ciudadanos y el PSC, quiso conocer —en vano— qué habían investigado los Mossos. No se consideró oportuno. Deben ser cuestiones de Estado. O de estructuras de Estado.

Los hechos se desencadenaron cuando la Policía Nacional se incautó el pasado mes de octubre de 36 cajas con documentación que los Mossos d’Esquadra conducían a la incineradora de Sant Adrià de Besòs para ser destruidas. Los papeles en cuestión evidenciaban la actividad de los servicios de inteligencia de la policía autonómica: tareas de vigilancia, seguimientos, informes y análisis de partidos políticos, abogados o periodistas no afectos al procés. Esos textos formaban parte de un fondo documental iniciado en 2011, cuando se intentó articular una especie de policía patriótica catalana.

En pleno apogeo del movimiento del 15-M, el entonces consejero Felip Puig creó la Comisaría General de Información que comenzó centrando sus esfuerzos en los radicales habituales —anarquistas y movimientos sociales— y acabó de afinarse con el procés, ya que los documentos incautados llegan hasta 2017. En el informe remitido por la Policía Nacional a la jueza Carmen Lamela se citan nombres y circunstancias cuya lectura no resulta precisamente edificante.

Cuando llegó el tsunami del procés, el discurso independentista sostenía que estábamos ante un movimiento que partía de abajo, sin límites políticos. Se trataba, según el relato oficial, de pasar página de la transición y de que fuera el pueblo de Cataluña el que escribiera lo que quisiera en la página en blanco de la independencia. La realidad ha sido muy distinta. La suspendida ley de Transitoriedad Nacional daba alas a un complejo y discutible sistema de elección de jueces que no era un ejemplo de separación de poderes.

El nacionalismo tiende a anatemizar al disidente, a quien pone en duda grandes verdades. En Cataluña, no resulta tranquilizador —por decir algo— la visión supremacista y de tintes xenófobos que acredita la trayectoria de Quim Torra, ungido por Carles Puigdemont para sucederle al frente de la Generalitat. Con estos mimbres, si la independencia llegara no faltarían voluntarios dispuestos a construir las cloacas de nuestro Estado propio. Ese sería patriotismo del bueno.