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El PP lleva ahora a la Fiscalía las irregularidades de la Ciudad de la Justicia

La oposición califica la iniciativa de cortina de humo y recuerda que las anomalías se conocen desde hace años

La fallida Ciudad de la Justicia de Madrid. En vídeo, declaraciones del portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

El PP ha llevado hoy a la Fiscalía las irregularidades que se han detectado en la Ciudad de la Justicia y que se han hecho patentes en distintos informes de la Cámara de Cuentas. La decisión de los populares llega después de que los tres grupos de la oposición presentaran ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo las deficiencias detectadas en la comisión parlamentaria de investigación de la deuda, y tras el demoledor informe que adelantó EL PAÍS.

"¿Por qué no se ha hecho nada hasta hoy? Ya está bien", critica la diputada socialista Mercedes Gallizo. Los tres grupos de la oposición presentaron hace un mes en la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas en la gestión del macroproyecto en la comisión parlamentaria de investigación de la deuda. "El PP no quiso participar", recuerda Gallizo, que califica de "sorprendente" que elijan este momento, cuando se conocen las deficiencias desde hace dos años y medio. El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez va más allá y señala que Cifuentes está advirtiendo de que "si me voy, se vienen algunos conmigo". "Puede ser una cortina de humo, pero parece un ajuste de cuentas entre familias del PP", apostilla.

Según los auditores públicos, las pérdidas del proyecto fueron superiores a los 80 millones de euros y la gestión corrió a cargo de un plantel lleno de directivos pero con escaso personal, con una retribución media de 5.000 euros mensuales. Había el doble de directivos que de auxiliares administrativos. La Cámara de Cuentas destaca, igualmente, la falta documentación contable y que la hallada carecía de cualquier “criterio de racionalidad económico-organizativo”.

El informe indica, además, que la Ciudad de la Justicia gastó entre 2005 y 2015 un total de 6,44 millones en publicidad. De esa cantidad, casi un millón se pagó con sus correspondientes expedientes de adjudicación, mientras que otros 5,5 millones carecen de cualquier justificante o contrato. A pesar del elevado importe de las operaciones, no consta que se haya celebrado ningún acuerdo marco y, en varias de las operaciones, ni siquiera aparece que se hayan pedido varias ofertas. Los auditores confirmaron que hubo, además, dos destrucciones de documentación, en una de ellas se hizo desaparecer 131 cajas, así como 10 palets de folletos.

Entre otras irregularidades, los auditores detectaron una tarjeta Visa Platinum de la que disponía un directivo sin identificar del Campus de la Justicia, de la que el banco no encuentra los justificantes de gasto entre 2005 y 2008.

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