Imputado el alcalde de Sabadell por prevaricación por el contrato de limpieza

El alcalde de Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell, vinculado a la CUP) ha sido imputado, junto con siete cargos municipales más, por un presunto delito de prevaricación tras manifestar la intención de anular el concurso de limpieza y recogida de basuras después de detectar “irregularidades”. La investigación tiene el origen en una querella presentada por la empresa Smatsa, concesionaria del servicio, a raíz de una rueda de prensa hecha por el equipo de Gobierno en enero de 2017, durante la cual reclamó a la empresa más de seis millones de euros por sobrecostes desde 2012.

Concretamente, la magistrada del Juzgado de instrucción número tres de Sabadell ha imputado al alcalde, pero también dos concejales (Lluís Perarnau y Xavier Guerrero), un exedil (Albert Boada), tres técnicos del Ayuntamiento y un asesor externo. Las declaraciones están previstas para el 14 y 22 de mayo.

El enero del 2017, el Gobierno municipal anunció que abría cinco expedientes por irregularidades. Contra uno de los ellos la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo. En cuanto a los sobrecostes, el Ayuntamiento habló de salarios hinchados o incrementos de sueldo por encima de lo previsto o gastos en vestuario que no se utiliza, entre otros. El pasado enero rebajaron la reclamación a 3,5 millones porque aseguran que no han encontrado pruebas fehacientes sobre los ejercicios de 2012 y 2013. “Si se han detectado irregularidades, se tienen que denunciar. Dejar de fiscalizar la empresa sí sería prevaricar”, espetó Serracant.

El gerente de Smatsa, Eugenio Díaz, criticó que se lanzaran estas acusaciones “sin informes que lo demostraran” y defendió que la empresa elaboró un informe rebatiéndolas que fue entregado a la oposición. “Desde enero intentamos reunirnos con el Ayuntamiento, pero la respuesta fue nula, así que interpusimos la querella”, explicó Díaz este jueves a este diario.

Además, el gerente criticó que un año después el Gobierno local, en otra rueda de prensa, rebajó la cifra de los supuestos sobrecostes a casi la mitad. “Cambian las cifras y los conceptos. ¿Cuándo mentían, en la primera o en la segunda?”, remachó. Díaz denunció que desde el Gobierno local hay un “plan urdido para echar a Smatsa” y aseguró que la querella no solo se basa en afirmaciones públicas de los dirigentes políticos, sino también en “pruebas documentales”, que no concretó.

Este jueves, Serracant valoró la querella como una “estrategia de dilación y confusión” por parte de la empresa respecto a los expedientes abiertos. “Nos han demandado por hacer bien el trabajo, no podemos hacer otra cosa que lo que toca”, ha apuntado el alcalde. Y ha añadido: “Seguiremos haciendo nuestra obligación que es hacer cumplir el contrato y dar el mejor servicio".

El año pasado el Gobierno local ya anunció su intención de iniciar los trámites para anular la concesión a Smatsa por las “irregularidades encontradas”. Entonces, intentaron solicitar a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat un informe que avalara esta anulación, pero no pudieron hacerlo porque el contrato original se encuentra en manos de la juez que investiga el caso Mercurio, de corrupción generalizada en Sabadell durante la época de Manuel Bustos como alcalde.

Investigaciones policiales

De hecho, la renovación de la concesión del servicio de limpieza a Smatsa es una de las piezas –la 28- del caso Mercurio, que asumió una investigación previa enmarcada en el caso Pokémon, que investiga si empresas –entre ellas el grupo Véndex, del cual forma parte Smatsa- pagaron sobornos a políticos para conseguir contratos públicos. Las intervenciones telefónicas hechas por la policía recogen conversaciones que hacen sospechar a los agentes que el concurso –de 18,5 millones anuales, el más grande de la ciudad– se hizo “para favorecer” a Smatsa. También revelaron reuniones sospechosas entre la empresa y el regidor responsable del área, así como el hecho de que los directivos de la concesionaria conocían su puntuación en el concurso antes de que este se resolviera. La policía también sospecha que el antiguo Gobierno de Bustos usaba Smatsa para colocar familiares y amigos y, después de registrar la empresa, encontró una doble estructura de personal o pagos de sueldos en B.

El gerente de Smatsa declinó comentar la investigación porque todavía se encuentra abierta y se limitó a defender que el concurso fue “absolutamente limpio” y negó que hubiera una doble contabilidad. Díaz aseguró que el Ayuntamiento tiene derecho a fiscalizar el contrato, “pero para sacar la empresa hay unos mecanismos concretos, lo que no pueden hacer es inventarse los argumentos”, espetó