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OPINIÓN

El martes negro de Colau

La alcaldesa ha chocado violenta e ingenuamente con la realidad en forma de correlación de fuerzas. Y todo ello era previsible

Ada Colau, en el pleno el pasado martes.
Ada Colau, en el pleno el pasado martes.

Ada Colau ha visto hace unos días cómo se desvanecían dos de los proyectos estrella de su mandato: la multiconsulta —con la propuesta de municipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López— y la unión de las dos redes de tranvía. El revés no ha sido una sorpresa, pero es un elemento que pone de relieve, más allá de la precaria mayoría de Barcelona en Comú (11 concejales de 41), que el tacticismo espoleado el procésha convertido Barcelona en apetecida perla de la corona. La alcaldesa ha visto torpedeados sus proyectos no solo por el resto de grupos municipales, sino por los recursos de corporaciones —como Agbar—, la Delegación del Gobierno en Cataluña, o la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público. Colau ha constatado su palmaria falta de alianzas, ha subestimado el grado de homogeneidad gramsciano y ha sobreestimado el espíritu solidario que sus propuestas —apoyadas por más de 40.000 firmas de ciudadanos— debían suscitar en los tres grupos de la izquierda (PSC, ERC y CUP). La alcaldesa ha chocado violenta e ingenuamente con la realidad en forma de correlación de fuerzas. Y todo ello era previsible.

Era fácil intuir la oposición de PDeCAT, Partido Popular y Ciudadanos: ideológicamente están en contra de la remunicipalización del agua y no les parece de buen gusto cambiar el nombre a la plaza del comerciante y esclavista Antonio López, marqués de Comillas, por el Idrissa Diallo, un guineano que saltó la valla de Melilla el 5 de diciembre de 2011 y murió un mes después en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca, donde se hallaba detenido. Sobre el PP y Ciudadanos poco hay que decir: votarían por principio en contra de cualquier propuesta de la alcaldesa. La formación de Colau y ella misma representan lo que las gentes de orden más detestan: una izquierda todavía con aristas, a la que el roce con los poderes no ha amansado suficientemente.

Esa visión es compartida por la vieja Convergència, que se sintió expulsada de la Casa Gran por los “descamisados” en 2015. Pero el procés hace que los concejales de Trias cultiven campos semánticos que les son extraños, más bien propios de aquellos anarquistas que convirtieron en 1936 en munición de guerra el metal de una estatua barcelonesa del Marqués de Comillas, llamado López el negro por sus detractores. Mientras en el mundo real existe una distancia abismal con los Comunes, los convergentes mantienen en su universo paralelo procesista un hermanamiento terminológico incluso con los viejos ácratas. Utilizan con soltura términos como “Estado fascista”. Quizás ese ecumenismo de centro-derecha que rezuma el procés ha contagiado a la CUP de Barcelona, cuyas concejalas consideraron sobrero el referéndum para remunicipalizar el agua, lo que en el mundo real convirtió a las anticapitalistas en aliadas de Agbar. En contraste, sus compañeros de Pins del Vallès —nombre con el que se conoció Sant Cugat del Vallès durante la revolución de 1936— sí son favorables a una consulta para decidir el futuro del suministro de agua. La izquierda independentista es capaz de dar luz verde a un presupuesto de la Generalitat de Puigdemont y negarle el pan y la sal al ejecutivo municipal de Colau. Las decisiones de la CUP, como los caminos del Señor, son inescrutables.

El resto de la izquierda se divide en viejos aliados y potenciales nuevos socios. Entre los primeros se sitúa el PSC, que fue expulsado del Gobierno municipal por los Comunes por votar en el Senado favorablemente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La formación de Colau, que pactó con los socialistas que los asuntos “externos” al Ayuntamiento no debían entorpecer su relación política, acabó haciendo exactamente lo contrario, presionada por los independentistas, mediante una consulta en la que el equipo de Gobierno no dio su opinión y arrojó a los socialistas a las tinieblas exteriores. El PSC, cual amante despechado, apoyó el tranvía —no sin reproches— y se opuso a la multiconsulta con el argumento de que “se desconocía el coste”. En fin, es lo que sucede cuando hay que repartir querencias ya sean verdaderas o espurias con los Comunes o con Agbar.

Por último, Esquerra Republicana, en quien Barcelona en Comú vio una tabla de salvación tras romper con el PSC, también dio la espalda a Colau en cuanto al tranvía, no para la multiconsulta. Lo curioso es que mientras ERC en el Área Metropolitana defiende el tranvía, el grupo municipal de Barcelona se opone a él, contra el criterio del Gobierno de la Generalitat que en su día se mostró favorable. Cuesta interpretar los signos cuando los tiempos que vivimos son excepcionales y sobre todo muy confusos.