Lengua y política de bloques

No será por falta de ganas que el Gobierno del PP no se ha atrevido a tocar el modelo de inmersión lingüística que rige en Cataluña aprovechando la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ni siquiera una interpretación tan extensiva de este mecanismo de intervención de la autonomía como la que se ha hecho le ha permitido hincar el diente a un objetivo por el que lleva años batallando: imponer el bilingüismo en las aulas catalanas.

Tan significativa como la marcha atrás protagonizada por el Ejecutivo es la reacción que ha tenido Ciudadanos, culpando al ministro Íñigo Méndez de Vigo de no hacer nada por garantizar la enseñanza del castellano y alineándose con las organizaciones que combaten el modelo de inmersión, que han tachado al ministro de cobarde. Es la última escaramuza en la batalla que protagonizan ambos partidos por mostrar quien representa mejor la defensa de la unidad de España y la lucha contra al nacionalismo catalán. En este envite, Ciudadanos no deja de empujar al PP hacia el extremo, para acabar siempre sobrepasándolo.

Lo que se ha demostrado en este caso, sin embargo, es que una cosa es querer y otra muy distinta poder. El ministro había anunciado que tomaría medidas ante el nuevo curso para garantizar que el castellano sea lengua vehicular y la ministra Dolors Montserrat había concretado incluso que se introduciría en la preinscripción una casilla para que los padres pudieran especificar en qué lengua prefieren que sean escolarizados sus hijos. Pero finalmente el formulario de preinscripción no incluirá la polémica casilla.

De momento el ministro no se ha atrevido y no queda claro si es por miedo a la movilización social que ya se estaba fraguando o porque, creyendo que el soberanismo estaba doblegado por la persecución judicial de sus principales dirigentes, no quería echar al fuego un nuevo bidón de gasolina.

Mientras se dirime esta pugna, el Tribunal Constitucional acaba de asestar un duro golpe a las pretensiones de intervención anulando los apartados de la LOMCE que preveían que la Generalitat pagara 6.000 euros por cada niño que quisiera estudiar en castellano y no pudiera hacerlo en la red pública, para escolarizarse en un centro privado. El ministro ha reconocido que el artículo 155 no le permite alterar una norma que está amparada por una ley del Parlamento de Cataluña. Para cambiar el modelo lingüístico hay que cambiar la ley, y para eso no tiene mayoría. El proyecto legislativo que ha presentado su exiguo grupo parlamentario de cuatro diputados para calmar las críticas de Ciudadanos y Sociedad Civil Catalana no va a poder prosperar. Ciudadanos y PP están lejos de la mayoría porque los socialistas de Miquel Iceta se mantienen firmes en su defensa de la inmersión lingüística y lo mismo ocurre con el grupo de los Comunes.

Se ha evidenciado así que la pretensión de consolidar dos bloques civiles enfrentados en Cataluña, con una línea divisoria clara entre independentistas y no independentistas, no puede extenderse a todos los ámbitos. Y en el caso del lingüístico, el bloque favorable a la inmersión sigue siendo abrumadoramente mayoritario. Lo mismo puede ocurrir en otros muchos frentes, algo que podría visualizarse si existiera una actividad parlamentaria normalizada. La sociedad catalana es mucho más plural de lo que los partidarios de la polarización quieren admitir.

El debate sigue estando allí donde siempre estuvo: de qué manera se logra que todos los niños acaben dominando las dos lenguas por igual. Es decir, que sean realmente bilingües. Los partidarios del bilingüismo pretenden que para garantizar un buen conocimiento del castellano hay que impartir una parte de las asignaturas en esa lengua, cosa que desmienten las diferentes pruebas de nivel que se hacen. En esas pruebas se demuestra que los niños catalanes no dominan menos el castellano que sus compañeros de otras comunidades.

Los partidarios de la inmersión lingüística sostienen que el éxito del modelo radica precisamente en que al final de la escolarización, este método garantiza el conocimiento de ambas lenguas por igual pues permite compensar el menor peso social del catalán. Una escolarización bilingüe no garantiza que el resultado sea un bilingüismo efectivo al final de la escolarización. Solo satisface una cuestión de principios de quienes han hecho de la lengua un instrumento de su batalla ideológica contra el nacionalismo catalán.