Cobrar los rescates de montaña no frena las negligencias

La Semana Santa concentra un alto porcentaje de los rescates que practican los Bomberos en entornos naturales. En cuatro días de 2017 se activaron 33 avisos; este año, las emergencias se han disparado antes de la Pascua y solo el verano registra cifras parecidas. El Departamento de Interior instauró un plan que pasaba para cobrar los rescates para disuadir conductas negligentes en la montaña. El plan, sin embargo, ha fracasado.

Durante uno de los fines de semana previos a la Semana Santa, las unidades del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos se multiplicaron para atender las peticiones de auxilio. Dos jóvenes excursionistas se perdieron en el parque de Aigüestortes. Nevaba y entraba la noche. Las condiciones climatológicas eran adversas y empezaron a desarrollar síntomas de hipotermia. Llamaron a emergencias para informar de que no podían bajar. Fueron localizados, de madrugada, a 3.000 metros de altura.

En paralelo, en el otro extremo de los Pirineos se inició una operación de rescate para localizar a dos montañeros que se habían perdido en la zona de Vallter. En el mismo intervalo de horas fue necesario prestar socorro a un grupo de cuatro excursionistas que se habían desorientado en el Valle de Aran. Solo unas días después, igualmente en el Valle de Aran, dos personas murieron y una tercera quedó herida crítica al verse atrapadas por una avalancha de nieve. Antes del pistoletazo de salida de las vacaciones de Semana Santa, los Bomberos ya habían realizado este año más de 170 rescates.

En este contexto, el Departamento de Interior convocó una rueda de prensa y emitió un comunicado para pedir prudencia con el objetivo de evitar los accidentes en la montaña. La Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos pone énfasis en el principio de las cuatro “P”: planificación, preparación, previsión y precaución.

Guillem Amorós es el jefe de los GRAE, la unidad de Bomberos especialista en rescates en el medio natural. “El riesgo existe porque la gente va a la montaña. Si hay aviso de aludes y nadie se acerca a la zona conflictiva, no habría ningún riesgo”, dictamina. Amorós subraya que la popularización de la montaña ha incrementado las contingencias. “El colectivo que más servicios requiere es el de los senderistas y excursionistas. De acuerdo que es el grupo más numeroso, pero también es el que peor prepara y planifica la ruta”, señala. Añade que, comparativamente, otro tipo de aficionados al monte, como puedan ser los esquiadores de montaña y los escaladores, requieren menos rescates pese a que su actividad es potencialmente más expuesta.

El jefe de los GRAE avisa de que es un atrevimiento aventurarse en la montaña, sobre todo a partir de cotas altas, sin organización. “Es un error pensar que si pasa algo ya vendrá un equipo de rescate a buscarnos”.

En otoño de 2009, la Generalitat impulsó una medida para tratar de reducir el número de salvamentos en el medio natural. Se fijó que, quien precisara ser rescatado por haber llevado a cabo una actuación flagrantemente negligente, debería abonar los costes del operativo de salvamento. En ocho años solo se han cobrado seis rescates. El más caro, los 2.400 euros que tuvo que abonar un esquiador que quedó atrapado por un alud en la Masella. Estaba esquiando fuera de pistas, en una zona expresamente prohibida: fueron necesarios tres helicópteros y 35 bomberos para encontrarle.