La Rey Juan Carlos investiga el máster de Cifuentes tras haberla respaldado
La cúpula de la Universidad pública madrileña da un giro en su intervención tras respaldar inicialmente el expediente académico de la presidenta regional
Tras una reunión de urgencia con decanos y vicerrectores, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, anunció hoy jueves que abría una información reservada para aclarar las dudas sobre las notas de un máster que hizo la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. El campus da así un paso atrás 24 horas después de que el rector y dos catedráticos comparecieran avalando su versión. Fuentes del entorno de la presidenta señalaron que está buscando el trabajo que defendió para hacerlo público, aunque su vicepresidente dijo lo contrario
Las dudas del caso
El trabajo. Para no dar "pábulo a la oposición", el número dos de Cifuentes, Ángel Garrido, dijo este jueves por la mañana que no enseñará su trabajo fin de máster. Desde su entorno señalaron por la tarde que lo está buscando para hacerlo público.
El tribunal evaluador. Cifuentes alega que defendió su trabajo en un tribunal con un presidente y tres miembros: Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Las examinadoras son profesoras contratadas doctoras de la URJC y discípulas del director del máster, Enrique Álvarez Conde. La normativa interna, sin embargo, obliga a que el tribunal lo compongan funcionarios. Y uno de los tres miembros debía provenir de otra universidad, aspecto que tampoco se cumplió. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con ellas.
La fecha. El acta recoge que defendió su trabajo el 2 de julio de 2012. En esa fecha, Cifuentes era delegada del Gobierno. Fue el día que la selección española de fútbol volvió a Madrid para celebrar el título de Eurocopa, por lo que hubo gran cantidad de actos en las calles de los que Cifuentes tenía que estar pendiente.
Aunque Cifuentes cursó en 2012 el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico, en las actas aparecían como “no presentadas” la asignatura Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales y el trabajo de fin de máster, tal como reveló eldiario.es. Ambas calificaciones fueron alteradas en 2014 por una técnica, Amelia Calonge, una vieja conocida de Cifuentes que hizo la modificación desde otro campus después de recibir el aviso de un profesor.
Ramos pidió el miércoles al director del máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y al profesor de la asignatura cambiada, el catedrático Pablo Chico, “actas y constancias firmadas que verificaban la regularidad de los procesos”, según la nota de la URJC. “Con la información recabada, el rector convocó el miércoles una rueda de prensa para afirmar que hasta ese momento no tenía constancia de irregularidad alguna”. Un portavoz de la URJC afirma que el campus siguió recabando datos, que no ha especificado, y decidió después abrir una investigación para la que no se han dado plazos. El procedimiento ha quedado en manos de la Jefa de Inspección de Servicios de la Universidad, Pilar Trinidad Núñez.
Cifuentes envió a los periodistas el miércoles a las 20.30 un comunicado, cuatro documentos relacionados con el máster y un correo electrónico en el que el profesor Chico reclamaba a la técnica Amelia Calonge el cambio de notas en 2014. Entre ellos estaba el acta de su trabajo de fin de máster, El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana, cumplimentada a mano. Está fechada el 2 de julio de 2012 y refleja una nota de 7,5.
Reglamento incumplido
En esa acta aparece como director Álvarez Conde y firman tres integrantes del tribunal. Son tres discípulas del catedrático y profesoras del área de Derecho Constitucional: Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Su presencia incumple el reglamento de la URJC de trabajos fin de posgrado, que contempla que al menos uno de los tres debe proceder de otra universidad. Todas son de la URJC. El reglamento recoge además que el secretario —que debe ser el de menor grado y antigüedad— se tiene que elegir entre “los profesores numerarios”, es decir, funcionarios. La secretaria asignada fue Cecilia Rosado, que no cumplía con ese requisito. Este periódico ha intentado recabar sin éxito la versión de las tres docentes.
Trece asociaciones juveniles han llevado el caso a la fiscalía mientras que CC OO reclama documentos oficiales “con sello y firma”. Como el acta de calificación de la asignatura de la que se cambió la nota, el documento de constitución del tribunal calificador y el trabajo. Según el entorno de Cifuentes, la presidenta está buscando ese trabajo fin de proyecto porque se ha mudado de despacho tres veces desde 2012.
Denuncia estudiantil ante la Fiscalía
Estos colectivos solicitan la aplicación de las penas de prisión e inhabilitación previstas por un presunto delito de falsedad en documento público en concurso con un delito de cohecho para la funcionaria y los profesores implicados, así como para Cifuentes.
Las entidades que han presentado la denuncia -entre ellas, La Caverna, Yuri Gagarin, Res Pública, Ecoaldea, Conciencia Minera o La Chispa- pertenecen a la Universidad Rey Juan Carlos, la Complutense, la Autónoma de Madrid y la de Alcalá de Henares.
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