La Fiscalía pide 155 años de prisión para un profesor por abuso de menores y elaboración de pornografía

La Fiscalía pide 155 años de prisión para Pedro Antonio R. L., excoordinador de Educación Primaria del Colegio La Salle Nuestra Señora Maravillas de Madrid, acusado de, supuestamente, haber abusado sexualmente de catorce menores y cuatro adultos entre 2013 y 2016, además de siete delitos por elaborar pornografía infantil entre otros delitos.

Más información

El pederasta de Ciudad Lineal, condenado a 70 años y 6 meses de prisión

Prisión sin fianza para un profesor de Majadahonda acusado de abusos a menores

Según el relato del fiscal, entre el 7 de julio de 2013 y el 28 agosto de 2016, el acusado utilizó teléfonos móviles, cámaras ocultas, relojes espía y otros aparatos para tomar imágenes de sus alumnos, principalmente mientras dormían. Los investigadores encontraron gran cantidad de archivos con las imágenes que tomaba el exprofesor. Solía actuar durante los campamentos de verano, en salidas organizadas por el centro escolar en las que había que pernoctar, en algunos viajes a la India e, incluso, en el interior del cuarto de baño del Colegio Maravillas, donde instaló una cámara oculta.

Los investigadores también encontraron, según explica la Fiscalía, 55 cápsulas de melatonina (una hormona que regula los ciclos del sueño), con las que dormía a sus víctimas. En los registros los investigadores descubrieron búsquedas en Internet que decían "cómo tocar a alguien mientras duerme" o "fase del sueño en que no sentimos nada".

El fiscal precisa en su escrito que el acusado no podrá pasar más de 20 años entre rejas y que habrá que descontarle el tiempo que lleva en prisión provisional (desde el 29 de septiembre de 2016). Además, el ministerio público solicita libertad vigilada una vez salga de prisión, la obligación de participar en programas de educación sexual, la prohibición de ejercicio de profesión u oficio con menores durante diez años, orden de alejamiento de 500 metros de los domicilios, lugares de trabajo, centros de estudios o lugares que frecuenten las víctimas así como comunicarse con ellos por cualquier medio durante otros diez años y una multa de 82.600 euros.

El acusado fue citado recientemente por la juez para comunicarle su procesamiento , pero se acogió a su derecho a no declarar. El procesado sí ha solicitado por tercera vez la puesta en libertad provisional, a pesar de que la Audiencia Provincial declaró en las dos ocasiones anteriores que había un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.