El secreto más turbio de los Mossos

Tres coches salen del complejo central de Mossos en Sabadell y se dirigen a la incineradora de Sant Adrià de Besòs. No tienen más de veinte minutos de camino. A las 11.00, cuando entran en el recinto, apenas tienen margen de reacción. Los seis mossos se ven rodeados por furgonetas y coches de la Policía Nacional, que se incauta de 36 cajas cargadas de información para quemar. Oficialmente, la policía catalana dirá que es una destrucción rutinaria de documentos. Posteriormente, el contenido de esas cajas desnudará a los servicios de inteligencia de Mossos: seguimientos, informes, y análisis de partidos políticos, asociaciones, abogados, periodistas, medios de comunicación y movimientos sociales. 

El material pertenecía a la Comisaría General de Información, que nació en diciembre de 2011, de la mano del consejero convergente Felip Puig. Antes era solo una división que dependía del director general. Para liderarla, eligió al comisario Manel Castellví, un histórico en el cuerpo. Puig hizo depender la comisaría general del coordinador central, que hasta mayo era el comisario Ferran López, el nuevo jefe del cuerpo elegido por el Ministerio del Interior para sustituir a Josep Lluís Trapero. En los últimos años, con el incremento de la amenaza yihadista, la Comisaría de Información se ha convertido en una pieza clave: es una de las que tiene más recursos y ha hecho una campaña de fichajes de agentes que provienen del ámbito de la investigación.

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Una historia de desconfianzas

Puig creó la comisaría general en pleno apogeo del movimiento 15-M, que provocó serios problemas a los Mossos en la calle y generó su descrédito internacional con el brutal desalojo de la plaza de Cataluña de mayo de 2011. Los papeles intervenidos demuestran cómo los primeros años, Información centró sus esfuerzos en el activismo y el anarquismo. En los papeles queda especialmente comprometida la Unidad Central de Recursos Operativos, un grupo de unas 40 personas, dependientes del Área de Análisis. Ellos eran los destinatarios de los polémicos informes elaborados sobre activistas, periodistas y abogados, a partir de las redes sociales, que monitorizó el Cesicat, lo que se consideró el embrión del CNI catalán. Las cajas contenían documentación de la polémica agencia de ciberseguridad, que cayó en desgracia cuando se hizo pública su actividad. Ya entonces, Puig pidió que le avisasen de los movimientos de la exdiputada del PP, Alicia Sánchez Camacho, a través de sus escoltas de Mossos, según la Policía Nacional.

Entre los documentos más recientes, salen a la luz los informes “políticos”, como los describe la Policía Nacional en el análisis remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Los investigadores concluyen que la policía catalana hizo “tareas de vigilancia, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías de personal del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista”.

La policía puede realizar seguimientos. Pero para que estén dentro de la legalidad, no pueden ser “invasivos” con la vida privada. Y además, esa vigilancia debe tener un fin vinculado a la seguridad pública. Los papeles que iban a ser quemados detallan un especial de interés de “inteligencia” de los Mossos por personajes partidarios de la unidad de España, como el expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch —entidad que se califica por los Mossos como de “extrema derecha”—, o el abogado José María Fuster-Fabra.

Este caso, admiten fuentes policiales, es uno de los más flagrantes. En la documentación que iba a destruirse constan tres folios que recogen un control del abogado en junio de 2017, cuando iba a declarar en la comisión de investigación del Parlament sobre la llamada Operación Cataluña, el intento de la brigada patriótica de la policía de desprestigiar a los líderes del procés.

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Fuster-Fabra ya se ha querellado en los juzgados por el presunto “espionaje político” de los Mossos, y también ha presentado las querellas en nombre de otros de los afectados, como Bosch, los líderes del Sindicato de Policías de Catalunya (SPC), David José Mañas y David Miquel, la plataforma Barcelona con la Selección o el periodista Albert Castillón. Otros de los afectados son dos exdetectives de la agencia Método 3, y, de rebote, el secretario primero de la mesa del Consejo General de Ciudadanos, David Heredia, con el que se reúnen. El caso, explican fuentes policiales, estaba judicializado tras una denuncia inicial de Francisco Marco, director de Método 3, contra los dos exdetectives por su supuesta implicación en la Operación Cataluña. En ese contexto, la policía catalana elabora un informe sobre algunos de los periodistas que trabajan en El Confidencial en Cataluña a los que vinculan con la red de información de los exdetectives.

La policía autonómica realizó también un informe en febrero de 2017 sobre “la estructura” de Endavant, formación vinculada a la CUP a la que pertenece la exdiputada Anna Gabriel. También se menciona un proyecto que investiga a Arran, formación de la izquierda independentistas considerada las juventudes de la CUP.

Además de numerosas actas del 1 de octubre que comprometen el papel de los Mossos para evitar el referéndum, el contenido de las cajas desgrana nombres, métodos y polémicas prácticas de actividad de inteligencia de la policía catalana, que mandos del cuerpo defienden como legítimas en su papel de “policía integral”. La única explicación oficial hasta ahora de Mossos es que la destrucción de esos papeles responde a una actividad “habitual” y “periódica”. Fuentes de Mossos no dudan de que alguien de la policía catalana avisó a la Policía Nacional de la inminente quema.

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