El alcalde de L’Ampolla declara por no retirar lazos amarillos antes del 21-D

El alcalde de L'Ampolla (Tarragona) declara el lunes como investigado por no retirar todos los lazos amarillos que aparecieron en el municipio durante la campaña para las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Un juez ha citado a Francesc Arasa (edil por la extinta Convergència i Unió) por un delito de propaganda electoral después de que la Junta Electoral detectase la presencia de lazos amarillos —en solidaridad con los exconsejeros del Gobierno catalán encarcelados— en las calles del municipio pese a que había dado a Arasa la orden de eliminarlos.

El 28 de noviembre, la Junta Electoral de Tortosa pidió a diversos alcaldes de la zona la "retirada inmediata" de "símbolos, emblemas u otros elementos (estelades, pancartas, lazos amarillos) que pudieran comprometer la neutralidad institucional". Por orden de la junta, los Mossos d'Esquadra realizaron inspecciones en la vía pública. En el caso de L'Ampolla, comprobaron que había carteles a favor de la libertad de los presos políticos y de los Jordis —el expresidente de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart— en farolas, aparcamientos y paredes de autobuses, pero no en dependencias públicas.

Con ese informe policial en la mano, la Junta citó a Arasa -defendido por la penalista Judit Gené- y le dio 48 horas para retirar todos los "símbolos, emblemas u otros elementos partidistas". El alcalde manifestó allí mismo que lo consideraba "exagerado", pero que aceptaba la decisión. Al día siguiente, 5 de diciembre, firmó un decreto de alcaldía y ordenó a la brigada municipal la "limpieza y retirada" de todos esos elementos. También ordenó a la policía local que comprobara que se habían realizado los trabajos.

Las comprobaciones de los Mossos siguieron en los días siguientes, ya en plena campaña electoral. La policía autonómica comprobó entonces que habían aparecido lazos amarillos en el lateral de las vías del tren y, también, pintadas con esos mismos lazos amarillos en un camino lateral y un túnel que discurren por debajo de la autopista AP-7. Los agentes llamaron al alcalde para recordarle la orden de la Junta, que dio 24 horas para retirarlos. El alcalde, sin embargo, alegó que esos espacios no eran de titularidad municipal, sino de Adif —en el caso del tren— y de Fomento, en el caso de la carretera.

La Junta Electoral vio indicios de delito en el comportamiento del alcalde y llevó el caso a los tribunales. El juzgado de instrucción número 2 de Tortosa vio indicios de un delito tipificado en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). El artículo castiga con penas de tres meses a un año de cárcel (o el pago de una multa) a quien, entre otras cosas, "infringa las normas en materia de carteles electorales y espacios reservados a los mismos".