Expertos alertan de “consecuencias catastróficas” si no se descontamina ya el embalse de Flix

La situación actual del embalse de Flix (Tarragona), donde todavía se acumulan casi 80.000 metros cúbicos de lodos tóxicos en el río Ebro, “conlleva un grave riesgo medioambiental”. Así lo reconoce Acuamed, la empresa pública encargada de los trabajos de descontaminación, que añade, en una carta enviada a la concesionaria a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que, en caso de producirse un vertido, “podría tener consecuencias catastróficas para la vida de las personas y las especies agua abajo”.

Los trabajos de descontaminación de Flix llevan paralizados desde octubre de 2015, cuando se interrumpieron las labores de dragado. La causa judicial abierta en la Audiencia Nacional por presunta malversación de los antiguos directivos de Acuamed ha afectado a esta obra, una de las que está bajo la lupa del juez Manuel García-Castellón por supuestos sobrecostes ficticios. Pero lo que realmente está impidiendo que finalmente se descontamine el embalse es la pugna que mantienen Acuamed y la concesionaria, una UTE liderada por FCC.

Según la documentación consultada por EL PAÍS, la UTE Ebre Flix se está aferrando al procedimiento de arbitraje abierto actualmente para impedir que pueda entrar una nueva concesionaria a terminar la descontaminación. En enero de 2017 Acuamed reconoció que FCC no había terminado de limpiar los lodos tóxicos de Flix y anunció que “en breve” se reiniciarían las tareas de limpieza. De hecho, en octubre pasado su consejo de administración acordó encargar a la empresa pública Tragsa los trabajos. Parecía que era cuestión de semanas que se iniciaran las obras.

Sin embargo, FCC lleva desde noviembre negándose a permitir a Tragsa el acceso. El 3 de noviembre Acuamed envió un burofax en el que señalaba los “incumplimientos contractuales” de FCC, entre ellos “la existencia de materiales que constituyen vertidos contaminados dentro del recinto” y “la contaminación del agua”. En la carta recuerda también que FCC ha “decidido unilateralmente dejar sin ejecutar” los trabajos a los que obligaba el contrato. No es la primera vez, ya que el texto habla de “reiterados requerimientos”, por lo que Acuamed concluye que la negativa a cumplir el contrato de FCC es ya “definitiva”.

Informes con “errores”

La respuesta de FCC a esa carta no se hizo esperar. Solo unos días después, la concesionaria contestó asegurando que no pensaba permitir la entrada de Tragsa para realizar las labores de descontaminación. Según FCC, que ha reconocido la existencia de este intercambio de cartas, no hay “riesgo alguno que requiera la urgente realización de tareas complementarias de dragado” mientras esté pendiente el arbitraje entre ambas partes. FCC asegura que los informes en los que se basa Acuamed para afirmar que quedan casi 80.000 metros cúbicos de lodos tóxicos —informe del organismo público de investigación Ciemat encargado en 2016— no son correctos.

FCC asegura en la carta que ha encargado sus propios informes al CSIC y a una consultora privada, y que estos contradicen al Ciemat. Afirma, por ejemplo, que “utiliza 16 sondeos llevados a cabo fuera del área de dragado definida en el contrato y, por lo tanto, no incluida dentro de los trabajos”, y añade que además “incurre en errores materiales”. Esos dos informes han sido enviados al tribunal arbitral (la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, CIMA), que según FCC es “el único competente” para resolver sus diferencias. FCC mantiene en su carta que ha cumplido el contrato y que es “el pertinaz incumplimiento” de Acuamed el que no ha permitido terminar los “trabajos menores” que faltan.

Durante décadas la actividad de la planta química de Ercros vertió al río Ebro sustancias tóxicas y dejó en el fondo del río, a la altura de Flix, altas concentraciones de metales pesados, como el mercurio. Los elevados índices de contaminación detectados en el agua obligaron a que se iniciara la descontaminación en 2007. Aguas abajo, el Ebro abastece a una población de unas 800.000 personas.