La pasividad del Ayuntamiento y la Comunidad ante el crecimiento de Airbnb

La empresa de hospedaje colaborativo Airbnb no para de crecer en la ciudad de Madrid, y ya supera las 16.000 ofertas. En algo más de dos años la cifra ha crecido un 219%, lo que supone, de media, la apertura de 328 ofertas nuevas al mes, según datos de Inside Airbnb.

Resulta contradictorio que en un contexto en que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid intentan regular la actividad en estas plataformas, la oferta en Airbnb no haga más que aumentar. Si bien los vaivenes de estas administraciones han generado cierta inseguridad en particulares y multipropietarios, ambas regulaciones no les están disuadiendo de continuar con una actividad económica que en la mayoría de casos incumple la normativa.

La forma de afrontar este problema en ciudades como Berlín, San Francisco o Nueva York, no es homogénea pero sí comparte como objetivo reducir los efectos que este tipo de hospedaje genera en la turistización de la ciudad y en la crisis de habitabilidad y vivienda. En estas ciudades regular es sinónimo de restringir, principalmente la actividad de los grandes operadores que se dedican de manera profesional a eliminar viviendas del mercado del alquiler para introducirlas en Airbnb, y cuyos principios no responden a los de la economía colaborativa. El caso más notorio en Madrid es el de “Claudia”, nick en Airbnb de la empresa hotelera Friendly Rentals Madrid, que alquila 179 pisos en la plataforma.

El decreto elaborado por la Comunidad de Madrid, más que regular la actividad y los efectos negativos de este tipo de hospedaje, busca regular el servicio en sí. Su decreto es una legalización masiva de la actividad, siempre y cuando las viviendas cuenten con “agua caliente, calefacción y extintores”.

En apariencia, el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado una postura opuesta. En un debate organizado por la Cadena Ser, el concejal de Urbanismo José Manuel Calvo insistía en la necesidad de prohibir la actividad de usuarios profesionales que sustituyen vivienda residencial por vivienda para turistas, y solo permitir el alquiler entre particulares. Pero el consistorio parece no tener prisa en que estas medidas tengan efecto sobre un problema al que ya llega muy tarde. Hace más de seis meses el colectivo Lavapiés ¿dónde vas? denunció ante el Ayuntamiento más de una decena de inmuebles de empresas que han transformado edificios enteros en pisos para turistas y que incumplen la normativa. A día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin actuar. Al igual que la Comunidad de Madrid, que desestima todas las denuncias al respecto. Mientras no se realicen inspecciones, se impongan sanciones y se controle la actividad, poco importa el tipo de regulación, y la sustitución de vivienda residencial por vivienda para turistas solo irá a más.

Javier Gil es sociólogo e investigador de la UNED centrado en el fenómeno Airbnb.