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El juez investiga 200 teléfonos relacionados con el caso de los tuits falsos del gerente de la EMT

El magistrado reclama identificar 12 IP y a los propietarios de los terminales, uno de ellos perteneciente a la embajada de una república islámica

La concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.
La concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.Inma Flores

Lo que en principio parecía una travesura del gerente de la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Madrid (EMT), Álvaro Fernández Heredia, ha sido convertido por el magistrado del juzgado número 13 de Madrid en "una causa compleja", con ramificaciones digitales que alcanzan a la embajada de una república islámica, tal y como adelanta hoy EL PAÍS.

Fernández Heredia, supuestamente, accedió a una cuenta falsa del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid (el organismo que coordina todos los transportes de la región) y respondía a los usuarios como si fuese el ente que depende del Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP).

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Cuando el Consorcio de Transportes descubrió su suplantación (este organismo carece de cuenta en Twitter) y que las respuestas que recibían los usuarios no eran las adecuadas, denunció los hechos ante la policía. Los agentes investigaron el caso y determinaron con gran sorpresa que el supuesto autor era el gerente de la EMT, nombrado por Manuela Carmena (Ahora Madrid, una coalición de partidos que gira en torno a Podemos) tras su llegada a la alcaldía de la capital en 2015.

El Consorcio denunció los hechos a la policía por uso fraudulento de su logo y de su imagen, y la fiscalía  puso el caso en manos del juez. Fernández Heredia fue llamado a declarar y manifestó que él no era el creador de la cuenta falsa del Consorcio y que una asociación —de la que no detalló nunca su nombre— le había dado acceso al perfil falso. Insistió en que el caso se archivase porque no había ningún ilícito penal.

Pero el juez no ha visto tan claro el asunto. El magistrado, según adelanta ayer este periódico, ha ampliado a petición del fiscal el periodo de instrucción sobre el caso dada su complejidad. Los indicios que apuntan a Fernández Heredia como responsable del perfil falso del tuit consisten en miles de datos que los jueces quieren investigar ahora a fondo.

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De hecho, el magistrado pidió a dos grandes operadoras de telefonía que identificasen, con todo tipo de detalles (teléfono, DNI, dirección...), quién estaba detrás de 12 direcciones IP concretas (8 de ellas, pertenecientes a Telefónica, y 4 a Vodafone).

La respuesta de las operadoras, que ya está en manos del juez, señala que a esas 12 direcciones se conectaron un mínimo de 200 teléfonos, que pudieron acceder a la cuenta de Twitter y actuar sobre ella. Entre los números identificados se halla un teléfono adscrito a la sede diplomática de un país de Oriente Próximo.

Entre los motivos que el magistrado considera en su auto que pueden considerarse apropiados para declarar la causa compleja, enumera los siguientes: "Recaer sobre grupos u organizaciones criminales, ser objeto de numerosos hechos punibles, existencia de abundante documentación o complicados análisis, implicar la realización de actuaciones en el extranjero o precisar la revisión de la gestión de personas jurídicas privadas o públicas", entre otros, si bien no aclara cuál o cuáles son aplicables en este caso.

La investigación de la policía sobre el perfil falso de Twitter comenzó en el pasado mes de mayo, cuando el Consorcio Regional de Transportes, desconociendo quiénes estuvieran detrás del perfil, advirtió a los agentes lo que estaba pasando. Según fuentes de la consejería que encabeza Rosalía Gonzalo, se dieron cuenta de que alguien estaba usando "sin permiso el logo y la imagen" de la entidad pública. "Las respuestas que se ofrecían a los usuarios, como si fuesen respuestas oficiales del Consorcio, eran muy extrañas", indicaron tras presentar la denuncia fuentes del Gobierno regional.

Por su parte, Heredia siempre ha rechazado comentar las acusaciones y cuenta, de momento, con el respaldo del gobierno local. El equipo de Carmena le defiende. De hecho, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad (de la que depende la EMT), Inés Sabanés, subrayó en las últimas semanas su confianza en este dirigente, aunque otras fuentes municipales critican de puertas adentro su actuación.

Heredia, de 35 años, es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y fue uno de los redactores del programa electoral de Ahora Madrid. Controla una empresa municipal que gestiona 1.900 autobuses que, además, se encuentra implicada en una comisión de investigación municipal sobre la compra del servicio de bicis compartidas BiciMad por 10,5 millones de euros.

Por su parte, el concejal socialista Antonio Miguel Carmona sostiene que es "imprescindible" abrir una investigación en el Ayuntamiento de Madrid "y asumir responsabilidades de inmediato". "Es muy grave lo que está pasando", concluye el concejal del PSOE.

Tras conocerse el inicio de la investigación sobre Heredia, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, pidió la dimisión de Heredia. "Carmena no puede seguir bajo la ley del silencio después de todo lo que se está conociendo sobre la EMT", dijo este jueves.

El Ayuntamiento envió ayer un comunicado donde matizaba que “no hay ninguna novedad”. “La declaración de causa compleja se realizó para que no caducara la causa a unos días de los 6 meses de plazo que había, mecanismo habitual cuando hay una investigación de la unidad de Redes Sociales de la Policía Nacional”, dicen.

“El Consorcio”, añaden, “nunca ha tenido cuenta de Twitter, con lo que no se podía suplantar nada. Lo realidad es que se investiga una cuenta de Twitter no oficial por la utilización del logo del CRTM. Son absolutamente falsas las insinuaciones sobre pirateo de una cuenta o hackeo”.

Por su parte, el abogado de Fernández Heredia ha manifestado hoy en defensa de su cliente que "el auto de incoación de diligencias previas es de 19 de mayo de 2017, y no solo eso, sino que la denuncia, y por tanto la investigación policial, es de abril del mismo año". El letrado insiste en que "el auto [que hizo público ayer este periódico] es de 13 de noviembre de 2017" y que el juez ha declarado la causa compleja para "evitar que transcurriera el plazo de 6 meses que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da, como norma general, para la instrucción de las causas, habida cuenta que como se ha dicho anteriormente las diligencias previas se incoaron el 19 de mayo de 2017". 

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