El exjefe de la Policía de Coslada, a juicio 10 años después de ser detenido
12 acusados del llamado Bloque se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial
El exjefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez Buendía, se sienta hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, acusado de los delitos de extorsión, amenazas, cohecho y tenencia ilícita de armas. La vista se celebra casi 10 años después de que se produjera su detención, junto a la de 25 agentes municipales que supuestamente formaban un grupo de corrupción dentro del cuerpo. Hoy solo están acusados seis funcionarios aparte de Jiménez.
El jueves 8 de mayo de 2008 los agentes del Grupo XVI de la Brigada Provincial de Policía Judicial efectuaron la que entonces se denominó la desarticulación de la red de corrupción más importante dentro de un cuerpo policial de España. Los funcionarios arrestaron a Ginés Jiménez en su domicilio poco antes de las siete de la mañana. A esa misma hora, eran arrestados los 25 agentes y trasladados en coches camuflados a un aparcamiento en superficie de la localidad. Desde allí, fueron trasladados a la sede de la Policía Local, donde se registraron sus taquillas. Por la tarde, llegó sonriente el jefe del cuerpo escoltado por dos agentes de paisano.
Las investigaciones se centraron en sacar a la luz una organización criminal formada por el denominado Bloque, en el que los agentes se dedicaban a mantener relaciones sexuales con prostitutas de la calle de Boyer, en el distrito madrileño de Vicálvaro (colindante con Coslada). La instrucción fue descartando parte de esta red delictiva y ahora ha quedado reducido a ocho funcionarios, incluido Jiménez.
Extorsión a hosteleros
El escrito de acusación de la fiscalía afirma que el exjefe de Coslada se dedicaba a extorsionar a los empresarios de la hostelería del municipio, a los que obligaba a pagar cantidades regulares para poder mantener abiertos sus negocios y evitar inspecciones continuas. Según su relato, el exjefe lo hizo en al menos una decena de locales. Siempre obligaba a los dueños a acudir a su despacho. Les exigía dinero en efectivo y puros Cohíba, además de cestas de navidad. Aparte, Jiménez y sus agentes iban a estos locales y no pagaban las consumiciones, además de mantener relaciones sexuales con las mujeres que en algunos de ellos ejercían la prostitución.
La investigación patrimonial de Jiménez; de su esposa María del Carmen P. M. y del hijo de ambos Ginés J. P. ha descubierto, según la fiscalía, que estaba recibiendo abundante dinero en efectivo entre 2002 y 2003, y que además lo intentó blanquear. En estos años, no se retira dinero en efectivo de su cuenta ni utilizó las tarjetas de crédito. A ello se une que en su domicilio se encontraron 23.410 euros en efectivo y que entre junio de 2006 y noviembre de 2007 ingresó en su cartilla 48 operaciones por un montante de 56.210 euros. “Así actuaban los acusados, fraccionando los ingresos en metálico en cantidades inferiores a 3.000 euros, realizándolos en diferentes días y en distintas oficinas bancarias, a fin de evitar que las personas que lo realizaban tuvieran que identificarse en la entidad”, afirma el fiscal.
12 acusados de cometer 10 delitos
El juicio, que comienza hoy en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, está previsto que dure hasta el 23 de marzo.
En total, 12 personas se sentarán en el banquillo de los acusados. Se les juzga por 10 delitos: omisión de perseguir delitos, tres de cohecho, prostitución, dos de extorsiones, amenazas, blanqueo y tenencia ilícita de armas.
La compra de los pisos propiedad de Jiménez (valorado en 414.518 euros) y de su hijo (212.215), ambos en Coslada, se realizaron con ese dinero procedente de las extorsiones, según el ministerio público: “Las inversiones inmobiliarias y la cancelación del préstamo hipotecario coinciden temporalmente con los ingresos en efectivo en la cuenta bancaria, por lo que la finalidad de estos ingresos sería compensar los cargos que se estaban produciendo”. Esta circunstancia se ve agravada además por el hecho de que la esposa no trabajaba en aquellas fechas y que el hijo tenía empleos temporales con escasa remuneración.
Durante el registro de la vivienda y el trastero de Jiménez, la policía encontró diversas armas blancas y de fuego “sin su correspondiente documentación reglamentaria y gran cantidad de munición”, según el fiscal. Entre ellas, cuatro pistolas, dos revólveres, una escopeta, tres paquetes de cartuchos 357 magnum y 925 balas de distintos calibres. El ministerio público también le acusa de un delito de tenencia ilícita de armas.
El exjefe de la Policía Local ha efectuado unas declaraciones en exclusiva para EL PAIS, en las que niega que fuera autor de todos los delitos de los que viene siendo acusado por la fiscalía. De hecho, espera que se celebre el juicio y se demuestre que es inocente y que todo obedeció a un montaje de la Policía Nacional para apartarlo de su puesto.
Una red de prostitución protegida por los agentes
La desarticulación de llamado Bloque de la Policía Local de Coslada comenzó a través de una red de prostitución situada en Vicálvaro. Al frente de ella estaba, según la fiscalía, Catalin A., que exigía un pago de entre 300 y 600 euros semanales a las mujeres "mediante amenazas como requisito previo para poder desarrollar la prostitución". El acusado contaba "con la protección que frente a posibles denuncias de estas mujeres" por el policía local y acusado en este juicio Carlos M. G.
Este agente acudió "en diversas ocasiones al polígono industrial de Vicálvaro durante 2008". Algunas de ellas fue con el vehículo oficial de la policía y de uniforme. Su intención era que las mujeres supieran la condición de agente de la autoridad, según el ministerio público. "Teniendo cabal conocimiento del ejercicio de la prostitución en aquella zona y de que las testigos protegidas se veían obligadas a entregar dinero a Catalin, a Francis y a Ionut [otros dos acusados], no realizó actuación alguna para perseguir el posible delito, contestando a aquellas que él no se metía en eso", añade el escrito.
El ministerio público también mantiene que los agentes Felipe G. L., Fernando J. M., Mario F. N., Antonio José C. Á. y Antonio C. C. aprovecharon su situación de agentes de la autoridad “para conseguir de manera gratuita los favores sexuales de mujeres que ejercían la prostitución”. “Como víctimas de esas conductas, los acusados elegían a las prostitutas de origen extranjero, las cuales se encontraban en una situación de debilidad personal”, destaca el fiscal. Este califica a las mujeres como “objetivos especialmente vulnerables”: “No les cabía el recurso a defenderse de estos ataques personales, pues sus “verdugos” eran a la vez las personas que estaban obligados a velar por su integridad y su seguridad”, concluye.
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