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Los partidos buscan una “reforma global” para regenerar la política madrileña

Con los cambios previstos, los alcaldes no podrían formar parte de la Asamblea regional

Cristina Cifuentes conversa con Ignacio Aguado en la Asamblea de Madrid.
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La forma de entender la política ha cambiado en los últimos años. Los partidos se afanan por regenerarla y presentan propuestas encaminadas a ello. En octubre, Ciudadanos defendió en la Asamblea que alcaldes y concejales no puedan ejercer a la vez como diputados autonómicos. La medida, que no se aprobó, habría comenzado a aplicarse en la próxima legislatura. PP, PSOE y Podemos la consideraron “insuficiente”. Los tres grupos abogan por una “reforma global” pero, de momento, mantienen varadas en la Cámara regional la reforma del Estatuto de Autonomía y la Ley de Regeneración Democrática.

En enero del año pasado, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció una ley de regeneración que permitiría reducir parlamentarios (hay 129), eliminar aforamientos, evitar la acumulación de cargos y establecer listas abiertas, entre otras medidas. Muchas de ellas estaban incluidas en el acuerdo de investidura que el PP firmó en junio de 2015 con Ciudadanos. El pleno de la Asamblea llegó a debatir la propuesta, que incluye cambiar artículos de tres leyes (la Electoral, la de Gobierno y Administraciones Públicas y la de incompatibilidades de altos cargos). Recibió dos enmiendas a la totalidad, una de Podemos y otra de Ciudadanos, que terminó retirándola. Ahora la ley se encuentra en comisión parlamentaria a la espera de ser debatida.

Ciudadanos considera que, una vez traspasado el ecuador de la legislatura, no queda mucho margen para sacar adelante este tipo de medidas, por lo que en octubre tomó la iniciativa y defendió en la Cámara que los regidores y los ediles madrileños se centraran en sus municipios. Su intención fue criticada por el resto de grupos, que les acusó de “buscar un titular simplista” y de pensar en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2019. PP y PSOE votaron en contra de la medida porque “la reforma debe ser integral” y no puede “hacerse por capítulos”. Podemos se abstuvo al no considerar efectivo sacar un apartado de una ley que ya se tramita.

“Una tomadura de pelo”

“Tengo la sensación de que (con la ley de incompatibilidades) pasa como con la reforma del Senado. PSOE y PP dicen estar a favor, pero ponen la excusa de una gran reforma. Si hay puntos en los que estamos de acuerdo, vamos a aprobarlos”, solicita César Zafra, de Ciudadanos. Y añade: “Cuando eres alcalde tienes que dedicarte a ello las 24 horas del día. No es cuestión de capacidad, sino de eficiencia”. Actualmente en la Asamblea existen ocho munícipes: seis son alcaldes (cinco del PP y uno del PSOE) y dos concejales. Solo dos grupos, Ciudadanos y Podemos, carecen de diputados que ejerzan cargo municipal. Un parlamentario y alcalde del PP que pide anonimato subraya que aprobar la medida supondría “una agresión al municipalismo”. Explica que los representantes locales se han sentado en la Cámara durante diez legislaturas para trasmitir sus problemas y que “el cambio no supondría ningún ahorro económico”.

La socialista Pilar Llop criticó en la sesión de octubre que la medida de Ciudadanos era “aislada”. En una línea parecida se expresó Jacinto Morano, de Podemos, que señaló la iniciativa como “una tomadura de pelo”, por insuficiente. “La ley de regeneración sigue bloqueada por una suerte de partido pimpinela donde discuten por ver quién vende más discos”, afirmó Morano en alusión a PP y Ciudadanos. El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, manifiesta que su partido está “abierto a hablar de todo, pero en el marco de la reforma del Estatuto”. La intención de los socialistas es garantizar que el cambio incluya la defensa de derechos fundamentales como la Educación y la Sanidad.

“Ciudadanos sabe que existe un proyecto de ley esperando que nos sentemos a hablar que incluye las incompatibilidades. ¿Qué necesidad hay de aprobar solo esta iniciativa?”, explica Alfonso Serrano, parlamentario del PP. En su opinión, no es la primera vez que dicho grupo “intenta vampirizar iniciativas del Gobierno con otras parciales para ponerse la medalla”. A pesar de que su partido está de acuerdo con aprobar una ley de incompatibilidades, Serrano considera que la presencia de alcaldes en los parlamentos enriquece: “Quizás donde hay que poner el límite es en el tamaño del municipio”. El diputado del PP subraya que, aunque Ciudadanos no lo crea, en esta legislatura aún hay tiempo para realizar las reformas políticas pendientes (Estatuto de Autonomía y la Ley de Regeneración Democrática). “Lo que pensamos es que es necesario hacerlo con el máximo consenso posible”, insiste Serrano.

El socialista Juan Lobato, regidor de Soto del Real y diputado autonómico, defiende la compatibilidad de cargos, aunque con reservas. “No es lo mismo mi caso que el de las grandes poblaciones como Getafe, Móstoles o Madrid, donde el volumen de actividad es mayor”. Lobato sostiene que es importante que los alcaldes estén representados en la Cámara para que defiendan las causas municipalistas: “No se pueden hacer leyes lejos de donde van a servir. Eso genera una desconexión entre los centros de poder y los lugares donde se aplican las leyes”. El parlamentario y alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), afirma: “Estar en la Asamblea no solo nos permite llevar la voz de los pueblos, también nos ayuda a trasladar sus asuntos a los consejeros”.

Galicia, pionera en legislar la incompatibilidad

La incompatibilidad entre los cargos de alcalde y parlamentario ya es una realidad en Galicia (1996), Andalucía (2011) y Murcia (2015), donde los munícipes no pueden compatibilizar cargo en la Cámara regional. En caso de ser elegidos en las elecciones, deben dimitir de sus atribuciones locales. La ley, sin embargo, aún no se ha hecho efectiva en el Congreso. Eso sí: aunque se permite ejercer dos cargos, no es legal recibir dos sueldos públicos. "En Galicia el PP aprobó la ley para que Francisco Vázquez (entonces alcalde de La Coruña) no pudiera hacerle sombra a Manuel Fraga", explican fuentes del PSdeG. Fraga mantuvo la presidencia de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005. Serrano señala que algo similar ocurrió en Andalucía, donde la iniciativa socialista trataba de contrarrestar el tirón electoral de los alcaldes de las capitales de provincia. El PP recurrió la ley, pero el Tribunal Constitucional terminó avalándola en septiembre de 2014.

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