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PP y Ciudadanos aprueban las cuentas madrileñas de 2018 entre fuertes críticas de PSOE y Podemos

Los presupuestos regionales comprometen un gasto de 19.331 millones, 793 millones más que en 2017

La Asamblea de Madrid aprobó ayer definitivamente —con los votos a favor de PP y Ciudadanos y en contra de PSOE y Podemos— los presupuestos regionales para 2018, que comprometen un gasto de 19.331 millones de euros, 793 millones más que en 2017. Las nuevas cuentas nacen con 173 enmiendas al texto (de más de 1.100 presentadas) y entre los fuertes reproches de PSOE y Podemos a unos presupuestos que apenas reflejan sus propuestas y no sirven, aseguran, para reducir la creciente desigualdad y pobreza en la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hoy, en la Asamblea de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hoy, en la Asamblea de Madrid. EFE

El texto de la ley de presupuestos llegó al pleno después de que se aceptasen en comisión 90 de las 1.106 enmiendas parciales presentadas por PSOE y Podemos —la inmensa mayoría sin compromiso de gasto—, más otras 54 de Ciudadanos —que solo vio rechazadas tres— y del propio PP, lo cual presagiaba poco margen de cambio. Así, aunque finalmente se han aprobado 29 propuestas más en el último suspiro —entre ellas, planes de formación contra la violencia machista, de educación de adultos, de acceso al empleo de personas transexuales y de accesibilidad a sedes judiciales—, el debate celebrado los dos últimos días se ha dedicado a confrontar las ideas fuerza habituales de esta legislatura.

Por un lado, el Gobierno de Cristina Cifuentes trata de defender lo definen como una gestión seria, que atiende, sin derrochar, los servicios públicos —nueve de cada 10 euros se dedican a políticas sociales, insisten en sus mensajes— e incentiva el mantenimiento de la recuperación económica. Enfrente, PSOE y Podemos le acusan de “gestionar la miseria”, esto es, unos ingresos insuficientes —por una presión fiscal muy baja, sobre todo para las rentas más altas, sostienen— para acabar con la creciente desigualdad y tener una buena educación y una buena sanidad; las listas de espera o el colapso de las urgencias se apuntaron varias veces. Y Ciudadanos se reivindica a sí mismo como garante para controlar que el Ejecutivo del PP se afane en mantener la senda del crecimiento y se aleje del reguero de corrupción que han dejado sus predecesores.

Así, no han faltado durante el debate las referencias a los casos Púnica y Lezo —que han mantenido durante meses en prisión preventiva al exconsejero y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y al expresidente regional Ignacio González— y al presunto cobro de sobresueldos por parte de los dirigentes del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas. Ni tampoco las menciones de vuelta al caso de los ERE, que tienen en el banquillo a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. “La mayoría de los diputados de la Cámara no tenemos sobres”, dijo ayer Reyes Maroto (PSOE) para defender la subida salarial de los parlamentarios. “Si hablamos de sobres millonarios, [los que se repartieron] a través del procedimiento de los ERE”, contestó Pedro Muñoz Abrines (PP). Tanto PSOE como Podemos han insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de mejorar los mecanismos y organismos públicos de control. En este caso, apoya la idea Ciudadanos.

El apoyo de Ciudadanos

Pero, en general, también ha salpicado todo el debate una vez más la acusación a Ciudadanos de ser la muleta incondicional y acrítica del partido en el poder, que necesita su apoyo, ya que no cuenta con mayoría absoluta. “La oposición la formamos PSOE y Podemos”, dijo Maroto. Daniel Viondi, también del PSOE, les acusó de “bajarse los pantalones hasta las rodillas o hasta los tobillos y pactar con el PP”, con quienes forman, añadió, la Confederación Española de las Derechas Autónomas, en referencia a la coalición formada durante la etapa de la Segunda República.

Ciudadanos se ha defendido de las críticas con variantes muy parecidas a los argumentos formulados el jueves por la mañana, antes del pleno, por su portavoz, Ignacio Aguado. “No hay pinza” con el PP, aseguró. “Somos un partido capaz primero de acordar los presupuestos con el Gobierno regional y luego de abrirnos a PSOE de Madrid y Podemos”, añadió. “Estos no son nuestros presupuestos, pero sí llevan nuestro sello naranja”, ha dicho esta mañana la diputada Susana Solís justo antes de finalizar el debate.

A pesar de que la economía madrileña está en ascenso, “la Comunidad de Madrid es la autonomía en la que sigue creciendo la pobreza y la desigualdad”, ha dicho a modo de resumen, citando un trabajo de la Plataforma por la Justicia Fiscal, el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez. Ha protestado asimismo contra nos presupuestos que no hacen nada para conseguir el necesario cambio “del modelo ambiental, energético y productivo” y encima se apoya demasiado en la deuda para pagarlo, ha asegurado. “Es un presupuesto ambicioso y equilibrado”, le ha respondido desde la bancada del PP Pedro Muñoz Abrines, sosteniendo que las cuentas mejoran los servicios públicos, afianza la recuperación económica y fomenta la creación de empleo.

Carrera profesional sanitaria

Del detalle del presupuesto también se ha hablado. Por ejemplo, del gasto de la Presidencia –destinado en gran parte a propaganda, según la oposición-, en educación –habrá 4.663 millones, 160 millones más que en 2017, con más becas y precios menores en escuelas infantiles, pero con el que se sigue “maltratando” a la escuela pública y mimando a la privada concertada, según la oposición- y en sanidad: 235 millones más, hasta 7.868 millones, con más fondos para listas de espera, cuya reducción no han conseguido los planes y esfuerzos puestos en marcha por el Gobierno de Cifuentes hasta ahora. En este capítulo, el PP y Ciudadanos han pactado una enmienda de 25 millones para activar la carrera profesional sanitaria, en el último momento y con una década de retraso, criticó el socialista José Manuel Freire y con un presupuesto que solo permitirá pagar los aumentos previstos a un cuarto del personal, añadió Mónica García Gómez (Podemos).

El presupuesto para la Consejería de Políticas Sociales y Familia finalmente será de 1.719 millones (134 millones más, entre otras cosas, para un plan de residencias de mayores), de 477,6 millones (7,8% más) para las políticas de empleo; 1.776,2 millones para Transporte, Vivienda e Infraestructuras (6,72% más). En este último capítulo, el Gobierno insiste en que se congelan las tarifas del transporte público mientras la oposición les acusa de falta de un plan claro de infraestructuras y transportes. Asimismo, Podemos y PSOE han recriminado al Ejecutivo la situación de los vigilantes de Metro, que llevan dos meses sin cobrar por el impago por parte de la adjudicataria del servicio, la empresa Seguridad Integral Canaria.

Al final, después del interminable proceso de votación de las enmiendas, han quedado aprobados al filo de las 17.30 los que pueden ser los últimos presupuestos de la legislatura, según algunos diputados; predicen una prórroga para 2019, año electoral, a poco que Ciudadanos quiera distanciarse del PP ante los comicios.

Escritos pero incumplidos

Una de las críticas permanentes de la oposición al Gobierno de Cifuentes es el reflejo distorsionado que la ley de presupuestos acaba teniendo en la acción del Ejecutivo. Por los cambios y recortes que sufren unas partidas en favor de otras a lo largo del año, sumados a los cientos de millones que, asegura la socialista Reyes Maroto, se dejan de gastar. Hay incluso planes e iniciativas completas contempladas en los presupuestos que no se cumplen; y, o bien se vuelven a incluir en las cuentas del año siguiente, a ver si hay más suerte, o se olvidan.

Por ejemplo, José Manuel Freire habla de los 8,6 millones que contemplaba el presupuesto de 2016 para un plan de salud bucodental que nunca se hizo, se cayó de las cuentas de 2017 y ahora vuelve a estar en las de 2018. También menciona otros planes (estos sin dinero concreto, pero señalados en la ley de 2017), como el de salud mental que tampoco se ha puesto en marcha. Maroto, por su parte, ofrece otro ejemplo: “La elaboración de un plan industrial, un estudio sobre la situación de los jóvenes y prevención del VIH-SIDA, dotado con 450.000 euros”.

Su compañero Juan José Moreno añade a la lista la creación prevista del Consejo de Estudiantes Universitarios y del Consejo de la Juventud (tenía 200.000 euros de presupuesto ya en 2016), y recuerda que siguen esperando a ser levantados centros educativos planeados en Paracuellos, Arroyomolinos, La Garena en Alcalá de Henares y, dentro de la ciudad de Madrid, en Las Rejas de San Blas, en Montecarmelo y en el barrio de San Fermín. En cuanto a los centros, la Consejería de Educación lo justifica por problemas con las empresas constructoras o con la cesión de terrenos por parte de los Ayuntamientos.

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