Los alcaldes exigen a Cifuentes que mantenga a los agentes de la Bescam

La orden de la Comunidad de Madrid con el que rescindía el convenio de las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam, policías locales sufragados por el Gobierno regional) ha sentado especialmente mal en los Ayuntamientos de la región. Muchos alcaldes han pedido que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, se siente con ellos y negocie el nuevo contrato de forma que continúe sufragando las nóminas de estos 2.059 funcionarios. En caso contrario, pueden llevar a comprometidas situaciones económicas a muchos Consistorios. Fuentes de la Consejería de Presidencia afirman que los pagos llegarán hasta diciembre de 2019, como mínimo. No quieren hipotecar las decisiones del próximo ejecutivo regional que salga de las urnas de mayo de 2019, afirman.

La orden por la que se denunciaba el convenio firmado hace 18 años con los Ayuntamiento de la región se publicó el pasado 29 de diciembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), lo que ha sido visto por muchos alcaldes como un acto “con nocturnidad” al aprovechar el periodo vacacional. “Lo han hecho el último día hábil del año, en el último momento, sin que nos hubieran avisado”, se quejaba ayer el alcalde de El Boalo, Javier de los Nietos Miguel (PSOE). Este municipio tiene 11 policías de la Bescam, cuya nómina supone 190.000 euros al año. “Una localidad de 7.000 habitantes como esta no puede sufragar esa cantidad de dinero y más si no se nos avisa y no podemos cambiar las ordenanzas”, se quejaba el regidor.

Las Bescam surgieron en el año 2000 como un intento de la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, de mejorar la seguridad ciudadana y ante la imposibilidad de crear una policía regional, al estilo de los Mossos d´Esquadra o la Ertzaintza. El más beneficiado fue Móstoles, el segundo municipio con mayor población de la región, con más de 200.000 habitantes. Esta localidad recibió 200 agentes (con una plantilla total de 320), lo que supone un desembolso en nóminas de 6,3 millones de euros al año.

La denuncia del convenio ha molestado y mucho al alcalde de Móstoles, David Lucas (PSOE): “Estamos hartos de que la Comunidad de Madrid ningunee a los Ayuntamientos. Lo ha aprobado con alevosía. No es de recibo que nos manden una carta a los afectados cuando ya se ha publicado”. Esa misiva recoge que se remitirá un nuevo convenio a los distintos Consistorios para que los aprueben a sus respectivos plenos. “Deberían ser más serios. Tendrían que haber abierto una negociación con todos nosotros y con la Federación Madrileña de Municipios [FMM]”, añade Lucas.

Otro problema con el que se han encontrado los Ayuntamientos es que poco a poco el Gobierno regional ha ido eliminando las subvenciones a las Bescam. Al principio pagaba los vehículos, el combustible, las pistolas y su munición, entre otros conceptos. Ahora se limita a la nómina, al vestuario y a la radio policial a través del sistema Tetra, según denuncian los alcaldes y concejales afectados. “Todo esto abre un periodo muy fuerte de inestabilidad porque no podríamos pagar los 2,8 millones de euros que supone la nómina de 96 agentes, máxime cuando tenemos prorrogados los presupuestos municipales desde 2014”, protesta el alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE).

Igual crítica llega desde otro gran municipio de la región, como Fuenlabrada. Su concejal de Seguridad y Hacienda, la socialista Raquel López, recuerda que la medida acarrea un desembolso de tres millones de euros (94 agentes en una plantilla de 225). “Lo que están haciendo ahora es un poco irresponsable porque ahora no se puede retirar esta financiación al 100% y jugar con la seguridad”, critica la edil.

Los alcaldes del PP mantienen, por su parte, que ahora están “más tranquilos” con la medida. Así lo afirma Juan Fernando Figueroa Collado, regidor de San Agustín del Guadalix, que cuenta con 18 agentes de las Bescam en una plantilla de 31 funcionarios. “Lo que se ha hecho ahora es adaptar el convenio a la nueva normativa. No es para preocuparse porque hasta 2019 tenemos financiación”, señaló Figueroa. De la misma opinión es el alcalde de Brunete (con 17 agentes de la Bescam), Borja Gutiérrez: “Nos sentimos totalmente satisfechos con las gestiones que está realizando el Gobierno regional y plenamente informados del resultado de las mismas”.

CC OO lamentó ayer, por su parte, que el PP con el apoyo de Ciudadanos diera por terminada la financiación de los agentes de las Bescam.

El director de Emergencias 112, Carlos Novillo, de quien dependen las Bescam en el Gobierno regional, mantiene que la denuncia del convenio se ha realizado para adecuarlo a la nueva Ley Reguladora del Sector Público y para no condicionar al próximo Gobierno regional. Novillo mantiene que ya hubo una reunión con el presidente de la FMM, Francisco Hita, en la que se le informó de este trámite.

La Comunidad de Madrid se ha comprometido a que el nuevo convenio tenga una vigencia mínima de hasta el 31 de diciembre de 2019 y que se pueda prorrogar otro año más. “Se mantendrá el actual convenio en los mismos términos hasta esas fechas”, añadió Novillo. Su departamento remitió ayer una nueva carta a los 109 Ayuntamientos que tienen Bescam para explicarles esta decisión unilateral.