Cifuentes dejará de financiar las Bescam el 31 de diciembre de 2018
El Gobierno regional abre la puerta a suscribir nuevos convenios con los Ayuntamientos
El Gobierno regional no prorrogará los convenios suscritos con los Ayuntamientos para mantener a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam), que vencen el 31 de diciembre de 2018. La orden fue emitida por la Consejería de Presidencia y Justicia el 26 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) este viernes. Un portavoz gubernamental afirma que este anuncio no cambia nada, ya que el servicio de policías locales financiados por la Comunidad se mantiene hasta la fecha prevista inicialmente. Además, abre la puerta a suscribir nuevos acuerdos de cara a 2019. El PSOE ha acusado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de incumplir su promesa de prorrogar los actuales convenios y denuncia “la imposición de nuevas condiciones”.
“El convenio de las Bescam se mantiene con las mismas prestaciones hasta el 31 de diciembre de 2018, como estaba previsto. Lo único que hacemos al denunciar los acuerdos actuales es adaptarlos a la nueva ley estatal de Régimen Jurídico del Sector Público”, señala Carlos Novillo, director de Emergencias 112. Para apoyar su tesis, este alto cargo regional indica que el Consejo de Gobierno celebrado en Parla el 19 de diciembre aprobó una dotación de 70 millones de euros para financiar las Bescam durante el próximo año en los 110 municipios madrileños incluidos en el acuerdo (entre ellos Parla, que hace dos semanas volvió a suscribir un convenio en el que no participaba desde 2013).
Novillo sostiene que el servicio se mantendrá con la misma partida en 2019, tal y como se comprometió Cifuentes en el Debate del Estado de la Región celebrado en septiembre. Además, avanza que este se podría prorrogar un año más, hasta diciembre de 2020. “Vamos a dar continuidad a las Bescam, pero no queremos hacer un convenio a largo plazo que pueda comprometer al nuevo Gobierno regional, ya que la legislatura acaba en 2019”, subraya el director de Emergencias 112. Los Ayuntamientos ya conocen la intención de suscribir nuevos acuerdos, tal y como anuncia la propia orden publicada en el Bocm. El director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Carlos María de Urquijo, ya se ha dirigido a los 110 municipios involucrados. En una carta les emplaza a adaptar los convenios a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, de 2015. De Urquijo se compromete en la misiva a enviar el nuevo convenio a los Consistorios en el primer trimestre de 2018.
“Inquietud” en los Ayuntamientos
“Un convenio vincula a las partes firmantes, por lo que sus cláusulas deberían haberse tratado en la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y con cada Ayuntamiento antes de que finalizara este año. De esa manera se habría hecho coincidir la denuncia de los actuales acuerdos con las condiciones de los nuevos”, se queja el parlamentario Diego Cruz (PSOE). En su opinión, el Gobierno regional ha generado “inquietud” en los Ayuntamientos y en el personal que desempeña su labor en las Bescam, 2.059 agentes repartidos en 110 municipios.
“Los Ayuntamientos desconocemos en qué términos se va a prorrogar el convenio. Para Valdemoro supone no saber si mantiene la actual subvención de 1,2 millones de euros que implica una dotación de personal (30 agentes) y de medios materiales”, reconoce el socialista Serafín Faraldos, alcalde de Valdemoro. Para Cristina Moreno, alcaldesa socialista de Aranjuez, no prorrogar los convenios supondría “una debacle” para los municipios. “En nuestro caso, no podemos asumir de golpe 450.000 euros, que es el dinero que recibimos para pagar las nóminas de los 14 agentes Bescam que completan a la policía municipal, formada por 94 profesionales”.
Las Bescam fueron creadas en 2004 gracias a un convenio suscrito por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el presidente de la FMM, Luis Partida. Nació como solución al contexto de alarma social motivado por el asalto a viviendas, fundamentalmente en la sierra madrileña. Para contrarrestarlo, la Comunidad de Madrid, que no tiene competencias en materia de seguridad, ideó unas ayudas económicas de carácter finalista para que los Ayuntamientos pudiesen incrementar sus plantillas de policías. Durante los primeros años se costearon agentes en pueblos con menos de 25.000 habitantes, pero posteriormente el servicio se amplió a grandes municipios como Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez o Alcalá de Henares.
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