Las futuras Brigadas de Seguridad dividen al Gobierno de Aguirre

El proyecto estrella de Esperanza Aguirre, las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (Bescam), ha abierto una brecha en el Gobierno regional que, por ahora, se mantiene sotto voce. Miembros del Ejecutivo y del PP ya han expresado sus críticas a Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, por las continuas rectificaciones conocidas desde que el Consejo de Gobierno le dio su visto bueno el 8 de enero. El rechazo del Ministerio del Interior a integrar 3.000 policías en las Bescam y la total oposición de los sindicatos policiales tienen el plan en jaque.

Los problemas de las Bescam arrancan del programa electoral con el que Esperanza Aguirre fue a las elecciones. En dicho documento se planteaba la creación de las citadas brigadas únicamente con policías locales y, en otro apartado, se anunciaba la incorporación a la Comunidad de Madrid de 3.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Este último punto ya estaba incluido en el Plan de Lucha contra la Delincuencia que el Gobierno central puso de largo el año pasado. Dicho plan no contemplaba, en ningún momento, la creación de un nuevo servicio policial formado por la suma de policías locales y nacionales. Como tampoco lo incluía el programa nacional del PP para las elecciones autonómicas y locales.

El primer documento sólo preveía la firma de acuerdos de cooperación entre Interior y los ayuntamientos (dentro de un convenio marco alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP), y el segundo, una mayor implicación de los municipales en la lucha contra la delincuencia menor en las grandes ciudades.

"Ése ha sido el problema de origen, el que se mezclaran dos proyectos, dos cosas que tendrían que haber funcionado por separado", aseguran altos responsables de seguridad del PP. "Además", agregan, "el proyecto de Aguirre no tiene un buen encaje en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hubiera sido más fácil crear una policía autonómica, porque el estatuto lo permite".

La citada ley fija el actual modelo policial y reserva las tareas de seguridad ciudadana al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil (a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra en Euskadi y Cataluña, respectivamente), y asigna a la Policía Local un papel de colaboradora.

La negativa de Ángel Acebes, ministro del Interior, a incorporar a sus policías a las Bescam han dejado el proyecto de Aguirre tambaleándose y, además, ha originado malestar en el Gobierno regional y entre éste e Interior. Los reproches internos y externos, pero siempre de altos cargos del PP, han empezado a caer sobre Prada.

Se le reprochan los tiempos, la celeridad con que ha intentado avanzar en el proyecto en vísperas de las elecciones generales. "Le ha dado una gran baza a los socialistas contra el Ejecutivo regional y, además, ha dado la sensación de que se pretende crear una nueva policía autonómica, aunque no lo sea, en un momento muy delicado", explican fuentes del Ejecutivo regional, así como ex responsables de seguridad del PP regionales y locales.

Éstos están especialmente molestos con las continuas rectificaciones públicas que Prada ha hecho del proyecto. Primero rectificó el sueldo de los agentes: ya no iban a tener un salario de 40.000 euros, como dijo Prada el 8 de enero, sino que ése sería, matizó, "el coste máximo por policía"; luego dijo que los salarios se ajustarían a las cuantías que ya cobran los policías locales; poco después se abandonó la intención de dotar a las Bescam de una uniformidad diferenciada de la de los policías locales y de los nacionales; más tarde dijo que nunca se planteó sumar al proyecto a los policías nacionales, pese a que el propio Gobierno regional dijo esto: "Nuestra responsabilidad con los ciudadanos nos lleva a poner en marcha el proyecto Bescam, a través del cual habrá 5.500 policías en la calle"; ahora ya no es un proyecto cerrado, sino, según Prada, "una iniciativa en fase experimental".

Estas rectificaciones han llevado a miembros de los Ejecutivos regional y central y del PP a criticar en privado la policía de Aguirre y a su diseñador. Pero algunos silencios hablan: el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se guardó ayer de apoyar explícitamente a las Bescam; el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, ha hecho mutis, y ni siquiera está confirmada su asistencia a la cumbre de seguridad que hoy reunirá a los alcaldes de municipios de más de 25.000 habitantes; Acebes no tiene previsto acudir a la reunión. La asistencia del ministro y el delegado fue anunciada en octubre por Aguirre.