UGT tacha de "ilegal" el proyecto y pide a la presidenta que lo retire

El sindicato UGT mostró ayer su rechazo a la creación de las Brigadas Especiales de la Comunidad de Madrid (Bescam). "Son un dislate jurídico, organizativo y la demostración del desconcierto y desinterés que el PP tiene acerca del tema. No estamos ante un modelo de seguridad como servicio público", aseguró ayer el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, en rueda de prensa.

Martínez le pidió a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que retire su propuesta por ser "ilegal", y la invitó "a hablar en serio" sobre un plan integral de seguridad.

El secretario general de UGT manifestó estar de acuerdo con la postura del ministro del Interior, Ángel Acebes, quien ha señalado que la seguridad es, por ley, competencia de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Lo que debe hacerse- a juicio de Martínez- es abrir un debate de seguridad "desde una visión integral que busque combatir con eficacia y eficiencia, conciliando las medidas preventivas con las coercitivas y desde la legalidad normativa".

La cumbre de seguridad que se celebra hoy, apuntó Martínez, "sólo servirá para que salgan a flote las discrepancias de los alcaldes socialistas y de IU frente a un modelo de seguridad que se ha convertido en un simple esparadrapo en una herida abierta".

Martínez, además, acusó al PP de ser el "único y máximo responsable" del incremento de la inseguridad en la Comunidad, y añadió que el problema "es fruto de la privatización que este partido ha fomentado. Ahora la idea es que el quiera seguridad, que se la pague".

La iniciativa de la Bescam pretende reforzar la seguridad en las calles de la región. Se ha anunciado la creación de 25 bases (comisarías) en las localidades de más de 25.000 habitantes de la Comunidad. Unos 5.500 policías formarían parte de las brigadas, de los cuales 2.500 serían municipales y 3.000 guardias civiles y policías nacionales.

El PSOE informó ayer de que ha decidido encargar un informe jurídico para analizar la "posible nulidad" del acuerdo adoptado el 8 de enero por el Gobierno para crear las Bescam y del convenio suscrito para implantar esas brigadas policiales en Móstoles.