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El Gobierno andaluz remite al Constitucional el acuerdo sindical sobre la jornada de 37,5 horas

La Junta ratificará la medida cuando se cree un sistema que controle el trabajo no presencial

Funcionarios andaluces trabajan en las oficinas de Torre Triana en Sevilla. Ampliar foto
Funcionarios andaluces trabajan en las oficinas de Torre Triana en Sevilla.

El Consejo de Gobierno andaluz ha decidido este martes remitir al Tribunal Constitucional el acuerdo sindical alcanzado para acatar la sentencia de los magistrados que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos. El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, ha explicado que este acuerdo contempla que los funcionarios trabajen media hora diaria más fuera del puesto de trabajo para completar las 37,5 horas. Junto a este trámite, Blanco ha anunciado que el Gobierno andaluz ratificará la medida una vez que se cree, en los próximos días, un sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada. El Constitucional estimó la semana pasada el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la reducción de la jornada. Según la sentencia, los funcionarios tienen que trabajar, como mínimo, 37,5 horas semanales y los docentes entre 20 y 25 horas.

Tal y como explicara la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión con los sindicatos este lunes, Blanco ha señalado que los funcionarios trabajarán 35 horas presenciales que se completarán con media hora diaria para la preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo, consulta e información de materias relacionadas con el trabajo, así como formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional. El portavoz ha señalado que se trasladará al alto tribunal este acuerdo y que la Consejería de Administración Pública deberá velar por el cumplimiento de la jornada de 37,5 horas. "Estamos trabajando en estos días con celeridad para establecer ese sistema de seguimiento", se ha limitado a señalar Blanco, quien ha dicho que el Consejo de Gobierno entiende que hay que trabajar "con todo el rigor necesario y seriedad" y bajo "el principio de la seguridad jurídica". "El Gobierno cumple y quiere hacer las cosas de la mejor manera posible", ha subrayado. Blanco ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad, rigurosidad y seriedad", al tiempo que los pasos dados por parte de la Junta son "los más oportunos y correctos".

En su resolución, el tribunal consideró que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de Andalucía, el decreto ley "vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas". En su argumentación, el Constitucional estima que el establecimiento de la jornada laboral ordinaria en 35 horas semanales vulnera la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, tal y como mantiene la parte recurrente. Los magistrados sostienen que la ley de Presupuestos fue aprobada por el Gobierno central "en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral". Y en ella se dice que la jornada de trabajo de los funcionarios, incluidos los autonómicos, "no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual".

Tras la reunión sindical, la consejera de Hacienda resaltó que el acuerdo "constata" una realidad de los profesionales públicos que vienen dedicando un tiempo semanal a la realización de actividades y tareas complementarias relacionadas con su puesto de trabajo fuera del horario laboral. El reconocimiento de estos tiempos de dedicación no presenciales, señaló Montero, ha sido una "aspiración sindical histórica" que está respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, al consagrar como derechos de los trabajadores la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral, así como la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La renta mínima, que entrará en vigor en enero, oscilará entre 419 y 779 euros al mes

El Gobierno andaluz ha aprobado el decreto ley que establece la renta mínima de inserción social como un nuevo derecho, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y beneficiará a 45.000 unidades familiares (12.000 personas) y oscilará entre 419 y 779 euros mensuales por doce meses prorrogables. Tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, María José Sánchez Rubio, ha informado de que esta renta, que sustituye al hasta ahora salario social, contará con una dotación en 2018 de 198 millones, del total de 819 millones previstos para el período 2018-2021. 

La consejera ha destacado que con la renta mínima se da respuesta a un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía para atender las situaciones de pobreza y exclusión social y ha aclarado que es un instrumento enfocado a la inserción laboral y social de las personas más vulnerables. Con este derecho se pretende atender a muchas familias que "no han visto la recuperación económica", ha sostenido la consejera, quien ha negado que se le pueda calificar de "PER social" porque no se puede comparar un decreto ley con el Plan de Empleo Rural. La aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales se concede por doce meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias, frente a los seis del hasta ahora salario social. El plazo fijado para la concesión de la renta es de dos meses.

Los nuevos colectivos incluidos son los inmigrantes y los mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión. Además, el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y no se tendrán en cuenta para el importe la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo tanto contributivas como no contributivas, las pensiones de orfandad, la remuneración por acogimiento, las pensiones de alimentos y las prestaciones económicas para personas en situación de dependencia, entre otros aspectos.

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