Borràs se desmarca de los otros exconsejeros y hará una declaración extensa ante el Supremo

Meritxell Borràs irá más allá que el resto de exconsejeros encarcelados por el proceso independentista en su declaración ante el Tribunal Supremo. La extitular de Gobernación prevé una declaración extensa, en la que aborde el fondo de los delitos de rebelión, sedición y malversación de los que se le acusa. Su estrategia obedece, en parte, a su situación personal: Borràs (PDeCAT) es la única de los ocho exconsejeros que permanecen en prisión que no se presenta en ninguna candidatura para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Los exconsejeros del PDeCAT y de Esquerra han presentado, en los últimos días, sesudos escritos ante el Supremo en los que piden declarar y solicitan su puesta en libertad al entender que no hay riesgo de fuga, ni de reiteración delictiva, ni de destrucción de pruebas. Todos ellos asumen, en mayor o menor medida, la aplicación del artículo 155 y su compromiso de renunciar a la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña. El escrito presentado por Borràs es mucho más breve: en apenas un par de folios, se limita a pedir que se le "reciba declaración como investigada" y que, después, se celebre un "turno de intervenciones" para pedir su puesta en libertad.

Borràs prevé contestar de forma extensa a todas las partes y abordar si participó o no en los delitos de rebelión y sedición. Los otros exconsejeros, en cambio, han mostrado ya su intención de centrar la declaración solo en aquellos aspectos que les permitan salir de prisión, como son la renuncia a la vía unilateral o el acatamiento de la ley.

La defensa de Borràs está a cargo de Javier Melero y Judit Gené, que también defienden a los miembros independentistas de la mesa del Parlamento catalán. Suya fue, precisamente, la idea de prestar una declaración extensa ante el Supremo, de contestar a todas las partes y de acatar explícitamente el artículo 155 de la Constitución y someterse a la ley. Esa estrategia fue seguida también por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y es la que les permitió quedar en libertad bajo fianza después de declarar. A esa vía Forcadell se han sumado más tarde los ocho exconsejeros encarcelados desde el 2 de noviembre, deseosos de salir en libertad, entre otras cosas, para participar en la campaña del 21-D, que arranca el martes.

Forn admite la falta de apoyos internacionales

Mientras tanto, van trascendiendo los escritos presentados por las defensas de los exconsejeros ante el Tribunal Supremo. En el suyo, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, pide su puesta en libertad con el argumento, entre otros, de que no piensa escapar. "La aventura de la fuga es absolutamente impensable (...) Ni tiene medios de riqueza, ni con su conducta ha evidenciado vocación de destrozar su vida y la de sus familiares más queridos”, recoge el escrito, que cita su situación de hombre casado y con dos hijas. El escrito recuerda que Forn regresó inmediatamente de Bruselas cuando supo que había sido citado a declarar por la Audiencia Nacional.

Forn admite que, desde la aplicación del artículo 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy, es un "ciudadano desvestido de toda autoridad o cargo". Y recuerda que cesó en su cargo "sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia". No hay riesgo, argumenta, de que destruya pruebas. Ni tampoco de volver a delinquir: "El marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente”. El escrito de su abogado va más allá en la interpretación política y argumenta que esa perspectiva de diálogo viene marcada "de un modo casi inexorable" por "la respuesta de la comunidad internacional y la vigencia de la norma".

El abogado del exconsejero de Interior rechaza que hayan existido delitos de rebelión o sedición, y mucho menos que Forn haya participado en ellos. "Resulta notorio", razona, "que el conflicto entre las instituciones gubernamentales y parlamentarias de Cataluña y las del Gobierno de la Nación no se ha desarrollado en los términos prebélicos y en el contexto que contempla" el delito de rebelión. El escrito admite que la "arquitectura legal del llamado proceso de independencia" puede parecer "desatinada y hasta desobediente". Pero insiste en que en ningún caso se ha producido violencia.