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La Junta Electoral prohíbe a Barcelona iluminar de amarillo las fuentes

El consistorio decidió esta iluminación en solidaridad con los exconsejeros y los líderes de entidades independentistas encarcelados

Encendido de las luces de navidad en La Rambla de Barcelona. Atlas-Quality

El domingo pasado fue la pancarta que pedía "Libertad para los presos políticos". El Ayuntamiento de Barcelona tuvo que retirarla de su balcón por orden de la Junta Electoral Provincial, tras pedirlo Ciutadans, que consideraba que afectaba la neutralidad institucional. Y este miércoles la junta ha prohibido al consistorio que gobierna la alcaldesa Ada Colau iluminar de color amarillo las fuentes públicas y fachadas de edificios municipales durante el periodo electoral. En este caso, la petición de prohibirlo fue del grupo municipal del PP que lidera Alberto Fernández Díaz, que ha pedido a Colau que la cumpla de manera inmediata.

El consistorio decidió, en una votación en comisión, iluminar de color amarillo las fuentes como muestra de solidaridad con los exconsejeros de la Generalitat y los líderes de las entidades independentistas encarcelados. La resolución de la Junta Electoral da la razón al recurso del PP, que considera, como en el caso de la pancarta, que la iniciativa atenta contra la obligación de las instituciones de ser neutrales.

La resolución de la Junta Electoral prohíbe iluminar de amarillo también edificios públicos -algo que por ahora no se había hecho, pero se estaba planteando- durante el periodo electoral. Como ocurrió con la pancarta, el Ayuntamiento tiene 24 horas para recurrir la decisión de la Junta Electoral y lo hará: pero en paralelo debe acatar la resolución porque es efectiva.

El texto no acepta los argumentos del ayuntamiento, que defendía que la iluminación de las fuentes no tiene un interés partidista sino que expresa solidaridad con las familias de las personas privadas de libertad y pide que estas puedan participar en las elecciones. En cambio, la junta recuerda el debate que hubo en comisión y entiende que de las intervenciones de los regidores del PDeCAT y ERC se desprende que iluminar las fuentes constituye "un apoyo a una determinada propuesta política seguida por una parte de los partidos políticos que se presentan a las elecciones", más allá de "una simple manifestación de solidaridad".

Las fuentes iluminadas de amarillo son una veintena, entre las que se cuentan algunas tan céntricas como las de la plaza de Catalunya o las de la confluencia entre el paseo de Gràcia y Gran Via. Esta muestra de apoyo con los exconsejeros y líderes de las entidades independentistas encarcelados se comenzó a aplicar el pasado viernes, el día siguiente del encendido de las luces de Navidad en toda la ciudad. La propuesta, votada en comisión, fue del PDeCAT, que logró el apoyo del partido de Colau, BComú, y ERC. La CUP se abstuvo y Ciutadans, PSC y PP votaron en contra.

Desde el ejecutivo municipal de Colau, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha recordado que iluminar las fuentes fue una decisión tomada a partir de un acuerdo votado por mayoría y ha tachado de “ridículo que haya partidos que piensen que cambiando el color de una fuente se restituya la normalidad democrática cuando hay gente en la cárcel que debería estar pudiendo hacer campaña”. “Lo que no podrán apagar es la indignación”, ha dicho.

Alberto Fernández Díaz, dirigente del PP, ha criticado que Colau, "una vez más, había puesto el Ayuntamiento al servicio de la independencia, infringiendo la obligada neutralidad política de una institución pública", con una decisión que no compartían todas las fuerzas municipales. "Colau no solo menosprecia a todos los catalanes que nos sentimos españoles en Barcelona, sino que además está infringiendo la normativa electoral y vulnerando la obligada neutralidad política de una institución pública", ha aseverado Fernández. 

El lunes pasado, tras la retirada de la pancarta, el concejal de Presidencia, Eloi Badia, afirmó que no compartía su "argumentación de fondo" y que sigue pidiendo la liberación de los exconsejeros del Gobierno catalán cesado y de los presidentes de ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. "Tenemos que dar cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta Electoral", afirmó Badia.

ERC asegura que la aplicación del 155 pone en riesgo 500 millones para Barcelona

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha presentado este miércoles un informe sobre la afectación de la aplicación del artículo 155 a la Generalitat en el consistorio y la ciudad. La principal afectación es que los consorcios donde la Generalitat es mayoría (el de educación, servicios sociales o salud), la mayoría la tiene ahora el Gobierno central. Bosch ha afirmado que el informe "calcula, por lo bajo, que en torno a 500 millones están en riesgo en los próximos años entre transferencias con afectación sobre el ayuntamiento, los consorcios en los que participan el consistorio y la Generalitat o inversiones de la Generalitat".

"La situación es muy grave", ha dicho Bosch. Con todo, ha admitido que no tiene evidencias de que no estén llegando partidas o se paralicen inversiones. Sí ha asegurado que algunas personas se han dirigido a ERC para denunciar que no han cobrado la renta garantizada del mes de octubre, una ayuda que tramita la Generalitat y de la que el consistorio no tiene noticia de que no se esté pagando. "Las evidencias [de la afectación] las tiene que dar el gobierno de la ciudad", ha afirmado ante la insistencia de las preguntas sobre sus afirmaciones de que pueden estar en riesgo proyectos como el tranvía --"Depende de Mariano Rajoy, como el precio de los servicios funerarios, ha asegurado"--, la llegada del metro a la Zona Franca o las inversiones en escuelas o centros de atención primaria. Bosch mantiene que "se están ralentizando" algunas cuestiones, también sin concretar.

El consistorio ha contestado "que desde el primer día ha rechazado el 155" y que "trabaja para garantizar que todos los proyectos de la ciudad sigan adelante". Más explícitamente, la teniente de alcalde Laia Ortiz ha llamado a Bosch a no ser “alarmista” y “ser responsable antes de cuestionar unos recursos que están en el presupuesto de la Generalitat y no requieren firma”.

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