El 155 deja los consorcios de Barcelona bajo el control del Gobierno central

El cese del presidente de la Generalitat y sus los consejeros que prevé la orden del Consejo de Ministros para la aplicación del artículo 155 de la Constitución puede tener una gran repercusión sobre los cuatro grandes consorcios mixtos en los que participa con el Ayuntamiento de Barcelona y en los que el Ejecutivo catalán tiene mayoría: Educación, Servicios Sociales, Vivienda y Sanitario. Con un 60% bajo control de la Generalitat y un 40% del Ayuntamiento, el cese de los consejeros autonómicos pone las presidencias de estos consorcios en manos de los ministerios correspondientes. En los órganos de gobierno, los miembros de la Generalitat tienen cinco sillas y los del ayuntamiento, tres. Entre otras cuestiones estos cargos, votan el presupuesto.

En el Ayuntamiento, hasta cuatro fuentes del Gobierno o próximas a la Alcaldía aseguraban el viernes que todavía no se ha analizado el impacto del 155 sobre el Consistorio. Pero sí lo han hecho algunos partidos políticos de la oposición, que alertan de que la intervención de la Generalitat puede tener una gran afectación sobre proyectos municipales que deben desarrollarse por convenio o la gestión de infraestructuras. Se refieron al impacto que puede haber en acuerdos a los que han llegado en los últimos dos años el Consistorio y el Gobierno catalán, como el de la prisión Modelo, el tranvía o el metro a la Zona Franca.

Respecto a la financiación, semanas atrás fuentes municipales aseguraban que si la caja de la Generalitat es intervenida, la única repercusión sería que las transferencias al Ayuntamiento tendrían otro origen. Otra voz de la oposición se muestra más pesimista e incluso se permite dudar: “¿Qué nos hace pensar que no cambiarán los criterios de asignación de fondos?”.

“¿Invertirá el ministerio de turno lo que dijo la Generalitat dijo que invertiría para hacer llegar el metro a los barrios de La Marina?”, se preguntan en un grupo municipal de la oposición. En el caso concreto del metro, el convenio fue un acuerdo de financiación por el que Barcelona compraba patrimonio a la Generalitat por valor de 40 millones y el Gobierno catalán los destinaba a abrir tres estaciones.

Mayoría en la ATM

En el proyecto del Tranvía, el ayuntamiento delegaba en la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) la planificación, ordenación, concesión y ejecución de la unión de los tranvías por la Diagonal. Y en la ATM, que decide cuestiones como las tarifas o la financiación, la Generalitat es mayoritaria. En el consorcio Sagrera Alta Velocitat, también participan Ayuntamiento, Generalitat y el Ministerio de Fomento. “¿Y si con los votos de la participación de la Generalitat les da por parar las obras?”, alertaba la misma fuente.

Otro capítulo son organizaciones como el Puerto, Fira de Barcelona o la gestión de instituciones culturales como el Auditorio (Ayuntamiento y Generalitat a partes iguales) o el Palau de la Música, el Liceo o el Macba, en los que están presentes las tres administraciones. Si la participación de la Generalitat pasa a ser del Estado, sumadas, los ministerios pueden tener mayoría.

Por ejemplo, en el Puerto, de los 12 votos del consejo de administración, solo uno corresponde al Consistorio barcelonés. El resto son tres del Gobierno central, cuatro de la Generalitat y cuatro de sindicatos, las empresas de estiba y la Cámara. En el caso de Fira, la Generalitat tiene un tercio de la participación, y el resto corresponde al Ayuntamiento y la Cámara de Comercio.

En cuanto a los cuatro consorcios citados, el de Educación se encarga de la gestión de los centros educativos; el de Servicios Sociales, de desarrollar en Barcelona los servicios, establecimiento y los programas y actividades de prevención, atención y promoción social; el de Vivienda gestiona los servicios relacionados con la vivienda asequible en Barcelona, y el Sanitario coordina la planificación sanitaria de los centros de salud de la ciudad, que pertenecen a varias empresas y tienen autonomía de gestión.

Las fuentes consultadas aseguran que la intervención de la Generalitat “afectará a la vida diaria de los ciudadanos de Barcelona”. Tanto desde el Gobierno catalán como desde el municipal “se vela —siempre según estas fuentes— por los derechos de la gente con políticas progresistas como la ley de pobreza energética, las becas comedor, cuestiones vinculadas a colectivos como el LGTBI, la promoción de alquiler público... y ellos, el PP, serán super conservadores”.