La futura ley de protección de la huerta llega a Cortes tras años de retraso

El Gobierno valenciano protegerá por ley la huerta, un espacio agrícola singular en Europa. El proyecto de ley de la Huerta y su plan de acción, que se debate este miércoles en las Cortes Valenciana, impedirá a los municipios del área metropolitana crecer a costa de este suelo no urbanizable de especial protección. El PP se opone al texto porque considera que es una norma "confiscatoria" .

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El plan de acción territorial, que se completa con la ley, ya existía pero la anterior Administración valenciana lo guardó en un cajón y nunca se aplicó.  "Queremos preservar este suelo", declaró en abril de 2016 la consejera de Territorio, María José Salvador, ante alcaldes, concejales, agricultores y miembros de colectivos ciudadanos que han luchado durante décadas por preservarla del ladrillo.

El colectivo Per l'Horta, uno de los grupos que más han luchado por la defensa de la huerta, han reclamado este lunes el apoyo unitario de todos los partidos a la ley, cuyas enmiendas se debatirán en el pleno de las Cortes Valencianas del próximo miércoles. Uno de los puntos más criticables, apunta Per l'Horta, es que "no se valore la protección de zonas de huerta que están declaradas urbanizables".

El colectivo cívico se opone también a que los ayuntamientos se reserven zonas nuevas de expansión urbanística, "lo que implica aceptar que se sacrifique más suelo de huerta no urbanizable para el crecimiento de las áreas urbanas y polígonos industriales".

La Unión Europea reconoció en 1998 en su informe Dobris el espacio de l'Horta de Valencia como uno de los paisajes dignos de protección especial. "Ni las instituciones europeas ni la sociedad valenciana entenderían que no se protegiera por un amplio consenso y se salvaguarde ante futuros cambios de gobierno".

La ley no gusta al PP

Al PP no le gusta la ley que se debate esta semana en las Cortes. El secretario general del PP en el Parlamento, Luis Santamaría, ha asegurado este lunes que la Ley de la Huerta supondrá un "genocidio de la agricultura tradicional para 44 municipios" y ha denunciado que es "confiscatoria e inconstitucional" y dejará sin ayudas al 65% de los agricultores de València.

El Grupo Parlamentario del PP presentarán 65 enmiendas al proyecto de ley aprobado por el Gobierno valenciano y está dispuesto a recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC) si se aprueba en los términos en los que está redactada. Santamaría ha criticado que este proyecto permite la expropiación de propiedades cuando no se ha cultivado durante un período superior a dos años y promueve arrendamientos forzosos, lo cual "fomenta la sustitución de la agricultura tradicional".

El diputado socialista y portavoz de Vivienda en el Parlamento valenciano; Rafa Brief, ha recordado al PP que ni el Consell Jurídic Consultiu (CJC) -equivalente autonómico al Consejo de Estado- ni la Abogacía de la Generalitat han puesto objeciones al texto legal cuya tramitación entra en su recta final después de años de retrasos. Según Brief, "tras 20 años de gobiernos del PP hoy tenemos que hacer frente a un problema que ellos fueron incapaces de solucionar, además de que desoyeron una iniciativa legislativa respaldada por 118.000 firmas".