El alcalde de Reus declara en el juzgado por incitar al odio contra la policía

El alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha acudido este jueves al juzgado para declarar en calidad de investigado por un delito de incitación a la odio contra la policía. Pellicer, PDeCAT, ha sido interrogado por su responsabilidad en la redacción de un manifiesto que criticaba la presencia en la ciudad de contingentes de refuerzo de la Policía Nacional. Ha defendido que el texto buscaba recuperar "la convivencia" tras el clima de tensión y "angustia" que desencadenaron las cargas policiales que se registraron el 1 de octubre en varios municipios -no hubo ninguna en Reus- y que la finalidad no era señalar ni vejar a las fuerzas del orden.

Junto con Pellicer estaban citados otros seis ediles de partidos independentistas que también firmaron el documento. Los concejales de la CUP se han personado a las puertas del juzgado pero no han comparecido ante la juez para prestar declaración.

El juzgado de instrucción 2 de Reus abrió diligencias judiciales tras recibir un atestado de la Policía Nacional que detallaba varios incidentes sufridos por los agentes en los días anteriores, y posteriores, a la celebración del referéndum del 1 de octubre. En Reus se hospedaron varias unidades del refuerzo policial que llegó a Cataluña y, supuestamente, los agentes se sintieron vilipendiados. Frente al hotel donde dormían tuvieron lugar repetidos escraches y la juez también señala un incidente sufrido por unos agentes cuando trataban de ejercitarse en un gimnasio del municipio. "Fueron expulsados de dicho local", relata la juez instructora.

El juzgado había citado hoy a los ediles de PDeCAT, CUP, ERC y Ara Reus. Los cargos de la CUP han acudido al juzgado pero no han atendido el requerimiento de la juez porque se han quedado a las puertas del edificio judicial. Allí había una concentración de solidaridad con los investigados. También había otra de apoyo a la Policía Nacional.

Además de una presunta incitación al odio, el juzgado también ha tipificado los hechos como susceptibles de coacciones, amenazas y malversación. Junto con los cargos municipales, la misma causa también involucra a cuatro bomberos y a los dos responsables del gimnasio donde los agentes fueron vetados. Todos ellos, supuestamente, habrían llevado a cabo conductas ofensivas contra la policía.