Valdemoro solicita el reintegro de 150.000 euros que cobraron seis funcionarios de forma irregular

El Ayuntamiento de Valdemoro ha tramitado un expediente para que seis funcionarios reintegren 150.000 euros que cobraron de forma irregular. Cada empleado público se embolsó un total de 26.000 euros durante más de año y medio en concepto de productividad. El extra de 1.200 euros al mes fue aprobado en 2009 por decreto del alcalde José Miguel Moreno (PP), imputado en la trama Púnica. Una sentencia judicial declaró el proceso nulo en 2015, pero el PP nunca inició los trámites de reposición. Ciudadanos, que gobernó la localidad hasta el pasado verano, firmó una providencia el 5 de julio, cuando cuatro partidos ya habían presentado una moción de censura para arrebatarle el gobierno.

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El PSOE recuperó el poder en Valdemoro el 16 de julio, tras 18 años en la oposición y gracias al apoyo de Ganemos, IU y Proyecto TUD (que no entró en el gobierno municipal). El nuevo alcalde, Serafín Faraldos, dirigió sus primeras palabras a las personas que habían luchado contra la corrupción. Valdemoro (76.000 habitantes) fue señalada en 2014 como el epicentro de Púnica, una trama que presuntamente adjudicó contratos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. El regidor cree que “en algunos casos el pago ilícito (a los empleados públicos) tenía como objetivo hacerles mirar para otro lado”. De hecho, tres de esos funcionarios están imputados en la Púnica. Dos de ellos están además suspendidos de empleo y sueldo hasta que finalice el proceso judicial.

El 10 de septiembre de 2009 el regidor, José Miguel Moreno (PP), decretó otorgar en concepto de productividad la cantidad de 1.200 euros mensuales brutos a seis funcionarios. La mayoría de ellos eran directores de área con un sueldo anual cercano a los 50.000 euros. Entre los beneficiarios se encontraban el director de área de Administración General; el director de área Económico-Financiera; el director del área Técnica; la directora del área de Servicios Sociales; el jefe de servicios de alcaldía y el secretario del Ayuntamiento. Todo ellos tienen la posibilidad de recurrir la solicitud de reingreso, que es un trámite administrativo.

Sentencia judicial

“Los sobresueldos se aprobaron a pesar de que está prohibido pagar productividad a los funcionarios. Esta debe reflejarse en el complemento específico”, subraya Faraldos. El abono de las retribuciones se hizo efectivo a partir de octubre de 2009 y se mantuvo hasta julio de 2011, cuando otro decreto de alcaldía dejó en suspenso el cobro de la productividad. La nueva resolución fue dictada por José Carlos Boza (PP), que un mes antes se había convertido en alcalde en sustitución de Moreno. El decreto que suspendía los pagos extra fue aprobado meses después de que el entonces tesorero municipal denunciara el caso alarmado porque el regidor, José Luis Moreno, quería extender la gratificación económica a otros dos funcionarios.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Madrid anuló el decreto que establecía los pagos a los funcionarios en marzo de 2015. La sentencia se convirtió en definitiva en mayo. “La consecuencia lógica es que el dinero retornara al Ayuntamiento porque fue cobrado indebidamente. Sin embargo, ni PP ni Ciudadanos iniciaron el procedimiento”, afirma Faraldos. El cumplimiento de la sentencia fue tratado por un pleno en abril de 2016 y obtuvo el respaldo de 20 de los 25 concejales de la corporación (todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo). Ciudadanos firmó una providencia el 5 de julio, cuando una moción de censura amenazaba con despojarle del gobierno, como finalmente sucedió. Guillermo Gross, portavoz de la formación y alcalde hasta el pasado julio, matiza: “Antes tuvimos que pedir informes para saber si la nulidad judicial tenía como consecuencia el reingreso del dinero. Faraldos solo finaliza un proceso que iniciamos nosotros”.