A vueltas con la Transición

Abundan últimamente las críticas a los consensos de la Transición, a los que se atribuyen los males de un sistema político que hace aguas. El conflicto catalán ha precipitado la crisis territorial, pero mucho antes de que entrara en su fase más aguda se publicaron incontables artículos sobre la grave crisis institucional y política que vive España y la necesidad de abordarla con reformas de calado. Este mismo diario publicó una extensa serie sobre los aspectos que debían ser objeto de revisión, desde el régimen electoral al modelo territorial.

En las críticas que ahora se hacen a la Transición se confunden muchas veces los pactos que dieron lugar al consenso constitucional del 78 con la evolución posterior del sistema institucional alumbrado entonces. Y no son lo mismo. Los pactos deben juzgarse en función de la correlación de fuerzas de aquel momento, algo de lo que muchos de los críticos prescinden. Había entonces una amenaza militar permanente que obligaba al realismo. Hacía muy poco que se habían ejecutado disidentes del franquismo y la oposición, aunque había hecho acopio de una fuerza considerable, estaba lejos de poder derribar el régimen y sustituirlo por una república de nuevo cuño.

Los que tuvieron la responsabilidad de poner su sello personal en aquellos pactos tuvieron muy en cuenta la correlación de fuerzas. El soberanismo acaba de tener ahora una amarga prueba de las consecuencias de actuar como si se tuviera una fuerza que realmente no se tiene. Prescindir del principio de realidad es el camino más corto, y con frecuencia el más doloroso, al fracaso, algo que muchos independentistas se resisten todavía a aceptar. También en la Transición hubo sectores, especialmente a la izquierda del PCE, que acusaron de traición a los partidos que se prestaron al consenso por conformarse con una reforma, cuando ellos creían que debían seguir luchando por una ruptura.

Los herederos de esas corrientes están hoy entre quienes impugnan los pactos en su origen. Pero lo cierto es que no había más fuerza y el bloque antifranquista pronto comprobó la ambivalencia de los pactos, por ejemplo, el de la amnistía que la izquierda democrática exigió para librar a sus militantes de las fuertes condenas que el franquismo les había impuesto pero también sirvió para dejar impunes los atropellos del franquismo.

El pacto constitucional alumbró un sistema institucional que permitió el desarrollo de una democracia representativa plena. Los pactos de Toledo facilitaron además una modernización de las estructuras económicas y sociales que situaron a España en condiciones de homologarse con cualquier país democrático de Europa. Pero la evolución posterior no ha sido la esperada por muchos de sus firmantes. Era pertinente que después de una dictadura y sin una tradición democrática consolidada, el nuevo régimen democrático diera una gran preeminencia a los partidos políticos. Había que reforzarlos como estructuras de participación política. Con el tiempo, esa protección, en combinación con una ley Electoral que favorece el bipartidismo, ha dado a los dos principales partidos políticos una gran capacidad para modular primero y condicionar después desde el Ejecutivo tanto el poder legislativo como el judicial. El sistema alumbró la división de poderes, pero la práctica partidista se empeña en borrar constantemente sus fronteras.

Lo que ocurre esta legislatura es un buen ejemplo. En su comienzo se dijo que, dada la debilidad del Gobierno, el Parlamento tendría por primera vez un papel relevante. Pero no ha sido así. La actividad legislativa está bajo mínimos y el Gobierno sigue abusando del recurso al decreto ley de urgencia, un sistema previsto para situaciones excepciones que le permite hurtar a la oposición el debate parlamentario.

La actual crisis institucional es consecuencia, no de los pactos, sino de la degradación progresiva de los mecanismos de representación y control que entonces se alumbraron. De manera que los principales responsables de la crisis del régimen del 78 no son quienes en su momento firmaron aquellos pactos, sino quienes a lo largo del tiempo han propiciado la degradación del entramado institucional y muchos de los principios que entonces se defendían. Por ejemplo aquel que garantizaba un Tribunal Constitucional independiente y de alta calidad técnica. Entre los primeros tribunales formados por indiscutidas figuras jurídicas, y los últimos, donde la adscripción de cada miembro cuenta más que su valía profesional, hay una gran distancia. El debate sobre cómo se hicieron los pactos del 78 puede ser interesante pero estéril. Lo que cuenta es cómo hemos llegado a este nivel de degradación política y crisis institucional y cómo podemos superarlas.