La nueva polarización

La sorprendente calma que siguió al choque del viernes 27, entre la proclamación de la República con la boca pequeña y la activación del artículo 155 de la Constitución terminó el jueves en los juzgados. La convocatoria de elecciones autonómicas había tenido un efecto alivio en una sociedad estresada. La fuga de Puidemont introducía un contrapunto surrealista. Sus lejanas proclamas sonaban cada vez más a música celestial. Aquí todos pensaban ya en términos de campaña electoral: objetivo relegitimarse. La aceleración judicial ha dado un vuelco a la situación. Vuelve la tensión, la irritación y esta peculiar sensación de humillación que en Cataluña se propaga con suma facilidad y que amplía el frente de rechazo.

Hace una semana eran el gobierno de Cataluña, hoy un vicepresidente y ocho consejeros están en la cárcel en prisión preventiva. Y el resto con su presidente al frente siguen en Babia, en una fuga cada vez más inexplicable. Por mucho que el gobierno se esfuerce en hacer apelaciones a la normalidad y a proclamar la independencia de la justicia, un escenario como este es difícil de imaginar en la Europa democrática. Basta tomar un mínimo de distancia crítica para reconocer que no estamos sólo ante una rebelión catalana sino ante una profunda crisis española. Los fracasos de la convivencia siempre son fracasos de todos: el sistema político no ha sido capaz de encauzar el conflicto. Algo ha fallado. El conflicto ha estado germinando durante siete años sin que se haya encontrado la manera de enfocarlo políticamente.

Los soberanistas pretendiendo romper con España unilateralmente, forzando la legalidad cuando los cauces existentes no les permitían avanzar, y el gobierno amparándose en la legalidad sin buscar nunca la vía política para dirimir el problema, nos han llevado hasta aquí. El sistema institucional ha perdido capacidad de absorción. Nadie puede estar satisfecho de lo que ha ocurrido. El soberanismo se ha estrellado guiado por un pensamiento ilusorio que le impidió asumir los límites de sus fuerzas y el candor de sus promesas. Y el gobierno ha fracasado en la gestión de este desafío.

El gobierno propuso una intervención aparentemente minimalista de la autonomía y ahora la justicia nos descubre otro guión. ¿Se había puesto Rajoy la piel de cordero contando que la justicia ya aportaría el endurecimiento necesario para radicalizar la situación? Habíamos entrado en una tregua electoral que era un alivio para todos. Pero ¿son posibles unas elecciones normales con los actores de una parte en la cárcel? El independentismo había aceptado el envite de las urnas y todo hacía pensar que acudiría a él fragmentado (cada cual con su marca). ¿Busca Rajoy la incomparecencia del soberanismo en las urnas? ¿A alguien se le puede ocurrir que unas elecciones sin la participación de la mitad de la sociedad catalana pudieran encauzar la situación? ¿Hay realmente dirigentes políticos, imbuidos de un pensamiento ilusorio, que creen en la derrota total y definitiva del independentismo? Estas son algunas de las preguntas que suenan hoy después del nuevo punto de inflexión marcado por las decisiones del fiscal Maza y de la jueza Lamela.

La prudencia es una virtud cardinal que lleva tiempo ausente de la vida pública española. Contrasta la flexibilidad del Tribunal Supremo con la rigidez de la jueza de la Audiencia Nacional, tanto en la apreciación de los delitos como en la atención a los encausados. El gobierno se escuda en la independencia de la justicia, pero el fiscal general del Estado que de él depende (y cuya autoridad viene lastrada por una reprobación del Congreso), lejos de moverse en el terreno de la contención verbal que debería caracterizar a la justicia, ha exhibido beligerancia interviniendo sin rubor en el debate político. "Bastante paciencia ha tenido el Estado de derecho", dijo el jueves.

De momento, el sentido de las elecciones ha cambiado radicalmente. Vuelve la polarización, aunque ahora ya no en términos de plebiscito sobre la independencia, sino contra el gobierno y los que le apoyan en un uso beligerante de las instituciones. De pronto, los intentos de crear espacios intermedios se han visto borrados. Comunes y Podemos inevitablemente se acercaran al soberanismo. No para compartir su programa de máximos, si no para dar expresión política a la perplejidad e indignación que habita a mucha gente, más allá de la polarización unionismo/independencia. Y esta polarización cuestiona mucho más directamente el régimen del 78 que el propio independentismo.