Sindicatos menores llaman a la huelga general el miércoles

Después de las proclamas de los manifestantes concentrados en el Parlament el pasado jueves, que pedían una huelga general como respuesta a la prisión preventiva impuesta a ocho exconsejeros del Govern, el sindicato minoritario Intersindical-CSC respondió ayer con el anuncio de una jornada de paro total para el próximo miércoles, 8 de noviembre.

Este sindicato, de orientación independentista y cercano a la CUP, tiene 5.000 afiliados y cuenta con 500 delegados. A la convocatoria de huelga se han adherido otros sindicatos minoritarios, como el COS o la sección sindical de la CGT en el Ayuntamiento de Barcelona. CGT Cataluña y la Intersindical Alternativa de Cataluña, muy presente en el sector de la educación pública, se plantean “muy seriamente”, según afirma en un comunicado la última entidad, sumarse a los paros. Los estudiantes de la plataforma Universidades por la República también secundarán la movilización.

La cuestión ahora es si la nueva convocatoria conseguirá movilizar al grueso de la población, como se hizo el pasado 3 de octubre. En esa ocasión, la huelga general solo fue convocada por los sindicatos minoritarios mientras que la Generalitat y algunas patronales y asociaciones de comerciantes, así como los sindicatos mayoritarios de Cataluña, CCOO y UGT, secundaron la huelga con el llamado “paro de país”, una fórmula basada en pactos entre trabajadores y empresas. CCOO y UGT descartan adherirse a la jornada de paros del próximo miércoles, y tampoco lo hará la Taula per la Democràcia, que incluye a sindicatos, patronales como Pimec y Cecot y entidades de la sociedad civil, que no ha promovido de momento un “paro de país”. En cambio, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural sí lo han hecho, y plantean el paro como un avance de la gran manifestación en contra de la prisión de los consejeros cesados que han convocado para el 11 de noviembre, que inicialmente estaba fijada para el 12.

La huelga general del próximo miércoles se registró el pasado 19 de octubre con un preaviso de un paro de diez días, entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre. Después de desconvocar los primeros días, ayer centraron la protesta en el próximo miércoles, y dejaron en el aire que se pueda extender la huelga al jueves, día en el que los miembros del Parlament están citados a declarar ante el Tribunal Supremo. Los servicios mínimos decretados por el departamento de Trabajo de la Generalitat, que marcan un 50% en el transporte en las horas punta y un 25% el resto del día —y un 33% en el transporte operado por Renfe—, serán los que se apliquen durante la jornada de paros, según aseguró ayer el delegado del Gobierno, Enric Millo.

El paro se plantea para protestar “estrictamente” contra las condiciones laborales, “ya que en este país están prohibidas las huelgas políticas”, explicó ayer Marc Sallas, representante de Intersindical-CSC. Este sindicato ya se vio obligado a retirar una convocatoria de huelga a principios de octubre a raíz de una denuncia de Foment del Treball, que pedía al TSJC la apertura de medidas cautelares. Ayer, la patronal anunció que el lunes presentará una demanda contra la nueva convocatoria.